El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha exigido hoy al Gobierno de España que financie los proyectos de ‘Vertido Cero’ en Rincón de León y Monte Orgegia, «para que Alicante pueda disponer de aguas depuradas, un proyecto estratégico tanto para el regadío como para los usos urbanos». Acompañado por el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina Ros, el presidente provincial se ha reunido esta mañana con alcaldes y representantes de comunidades de regantes afectados por la negativa del gobierno central a financiar estos proyectos “declarados de interés general del estado y avalados por un completo soporte normativo que respalda su urgencia y su necesidad”, ha puntualizado Toni Pérez.
Son actuaciones enmarcadas dentro de la Ley 11/2005 del Plan Hidrológico Nacional cuya ejecución debería encontrarse ya concluida. No obstante, ha remarcado el presidente, “permanecen pendientes debido a la falta de impulso por parte del Gobierno de España, circunstancia que ha conllevado, incluso, la pérdida de los fondos europeos asignados para su desarrollo”. “Son proyectos cuyo impulso recae, en exclusiva bajo la responsabilidad de la Administración General del Estado y sobre un aspecto ambiental de su competencia”. Por tanto, ha añadido el presidente, “las consecuencias que se puedan derivar del incumplimiento de la Directiva Marco del Agua, por la no ejecución de las medidas aprobadas en el plan hidrológico y, como consecuencia, no alcanzar los objetivos ambientales de la masa de agua costera, así como las consecuencias jurídicas (quizás penales) por la no eliminación del vertido conforme a la autorización otorgada, lo que solo se puede lograr mediante la reutilización de las aguas depuradas, será imputable al Estado”.
Acusaciones de agravio por la falta de inversiones hídricas
De no llevarse a cabo estas obras, ha destacado Toni Pérez, «el Gobierno estaría incumpliendo su compromiso con un proyecto de interés general y sumando un nuevo agravio a la larga lista de desprecios que en materia hídrica viene infringiendo Pedro Sánchez a esta provincia, como los continuos recortes ideológicos del trasvase Tajo-Segura o el abandono de la balsa de San Diego, esencial para el trasvase Júcar-Vinalopó». El dirigente alicantino ha concluido afirmando que en esta reivindicación «la Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana están perfectamente alineadas para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez un trato justo para la provincia de Alicante en materia hídrica».
En esta misma línea se ha manifestado Barrachina, quien ha señalado que “somos plenamente conscientes de que se trata de actuaciones fundamentales para mejorar la calidad de las aguas de las playas de la Bahía de Alicante, pero también para garantizar recursos hídricos para nuestros regantes. No podemos permitir que el Gobierno de España recorte el agua destinada a nuestros campos y, al mismo tiempo, niegue las inversiones necesarias para generar más recursos”.
La reunión ha contado también con la asistencia de la vicepresidenta de la Diputación, Ana Serna, la directora general de Agua, Lourdes Pérez, y el director territorial de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de Alicante, Juan Planelles, así como los alcaldes de Agost y Mutxamel, Juan José Castelló y Rafael García Berenguer, respectivamente, y representantes de otros ayuntamientos y comunidades de regantes.
