El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha advertido de que la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura prevista para diciembre, sumada al incremento de los caudales ecológicos, provocará un perjuicio ambiental, económico y social de gran magnitud. Ha insistido en que estas medidas situarían a la provincia “en riesgo de supervivencia”, al afectar tanto a la agricultura como al abastecimiento urbano y a la industria.
Reunión en el MARQ con administraciones y regantes
Las declaraciones se han producido tras la reunión celebrada en el MARQ junto al conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, y representantes municipales y de comunidades de regantes. En el encuentro se ha presentado el informe técnico remitido por la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía al Ministerio para la Transición Ecológica, con el que rechazan la modificación de las reglas de explotación.
Críticas a la falta de criterios técnicos
Toni Pérez ha reiterado que las decisiones anunciadas por el Gobierno central “carecen de rigor científico” y perjudican a un territorio que ha demostrado una gestión eficiente del recurso hídrico. Ha destacado que la provincia, quinta en aportación al PIB nacional, depende del trasvase para sostener un modelo productivo consolidado y generar oportunidades económicas y poblacionales.
Unidad institucional en defensa del trasvase
El presidente ha subrayado la “sintonía real” entre la Diputación y la Generalitat Valenciana en esta legislatura. Según ha explicado, la posición firme del ejecutivo autonómico permite una defensa coordinada con Murcia y Andalucía frente a unas medidas que afectarían a las tres regiones.
El conseller Barrachina reclama transparencia y fundamentación científica
Durante el encuentro, el conseller Miguel Barrachina ha calificado el cambio previsto como un “crimen ecológico” para los territorios afectados y ha exigido que las decisiones se basen en criterios técnicos. También ha denunciado el volumen de agua enviado a Portugal, que ha calificado de desproporcionado respecto a las necesidades reales del país vecino.
