El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha señalado que el Consell del cambio en dos años “ha licitado, adjudicado, tramitado o está en proceso de ejecución más de 3.000 viviendas protegidas en la Comunitat Valenciana”.
El jefe del Consell ha asegurado que la Generalitat “tiene un proyecto riguroso, ambicioso y con un horizonte plurianual para dar respuesta a una demanda social que facilite el acceso a un inmueble a familias, jóvenes y colectivos vulnerables”.
Colaboración con ayuntamientos y sector privado
“Para ello –ha continuado– contamos con todos los agentes implicados como ayuntamientos y sector privado para impulsar el Plan VIVE que ya cuenta con la adhesión de 317 municipios que se han sumado al convenio con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias”.
En este sentido, ha subrayado que los ejes de esta iniciativa se centran en la movilización de suelo público, ofrecer seguridad jurídica y favorecer la colaboración público-privada.
Proyectos en solares públicos
En concreto, Mazón ha apuntado que “actualmente estamos llevando a cabo acciones en 52 solares de titularidad pública tanto de ayuntamientos como de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo de la Generalitat”.
Estas actuaciones van a permitir el desarrollo de 850 inmuebles para alquiler asequible, 370 viviendas para arrendamiento social, y más de 1.800 para venta, alquiler o alquiler con opción a compra.
Objetivo: 10.000 viviendas asequibles
El president ha indicado que este Plan nace de “la firme voluntad de revertir el desequilibrio entre oferta y demanda de vivienda asequible, tras ocho años de inmovilismo de los gobiernos del Botànic”, al tiempo que ha reiterado el compromiso de “acabar la legislatura con 10.000 viviendas asequibles”.
Este proyecto prevé una inversión de 7.326 millones de euros y construir 6.000 viviendas en suelo municipal y 4.000 en privado, tanto para venta como para alquiler, a través de iniciativas como los concursos de derecho de superficie, de permuta a cambio de obra futura o promoción directa de la EVHA.
Medidas fiscales y sociales
El jefe del Consell ha explicado que la Generalitat está desarrollando una política integral y transversal de vivienda como servicio social, con medidas en materia “fiscal, normativa, administrativas o financieras que implica a todos los departamentos del Ejecutivo autonómico”.
En este sentido, ha puesto en valor el nuevo decreto de vivienda de protección pública, que establece la reserva del 40% de las promociones para jóvenes o familias monoparentales, con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a la vivienda.
En el ámbito fiscal, el president ha subrayado la “ofensiva fiscal” emprendida por el Consell, con propuestas dirigidas a jóvenes, familias numerosas o monoparentales, personas con discapacidad y mujeres víctimas de violencia de género.
Reducción de impuestos y ayudas directas
Entre ellas, destaca la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) del 8% al 6% para jóvenes, así como un tipo superreducido del 3% para colectivos especialmente vulnerables. “Una medida que ya ha beneficiado a cerca de 30.000 declarantes”, ha indicado Mazón. Además, se va a continuar en esta senda con la rebaja generalizada del 10% del ITP.
Asimismo, ha defendido la bonificación del 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, lo que ha permitido incrementar la disponibilidad de viviendas en el mercado.
Otra de las medidas destacadas ha sido la puesta en marcha de una línea de avales para personas de entre 18 y 45 años, que permite acceder a préstamos hipotecarios de hasta el 95% del valor de la primera vivienda, facilitando así el acceso a la propiedad a las nuevas generaciones.
Incremento de ayudas al alquiler
En el ámbito social, Mazón ha resaltado el incremento del 40% del Bono Alquiler Joven, lo que ha permitido cubrir a más del 90% de los solicitantes, así como que, por primera vez, las ayudas al alquiler de 2024 han llegado al 100% de los solicitantes.
Además, ha mencionado las ayudas de hasta 10.000 euros destinadas a la compra de vivienda por parte de jóvenes en municipios de menos de 10.000 habitantes.
