La Generalitat Valenciana ha dado un nuevo paso en su política de vivienda al reforzar los mecanismos de control sobre la adjudicación de viviendas de protección pública. A través de una modificación del Decreto 180/2024, el Consell pretende garantizar procesos más transparentes, objetivos y accesibles para los ciudadanos, especialmente en las promociones impulsadas por promotores privados o mediante fórmulas de colaboración público-privada dentro del Plan Vive.
La reforma introduce nuevas obligaciones para los promotores y amplía las herramientas de supervisión administrativa con el objetivo de reforzar la confianza en el sistema de acceso a la vivienda protegida.
Registro obligatorio y específico para cada promoción
Una de las principales novedades afecta a los procesos de adjudicación de viviendas protegidas. A partir de ahora, cada promoción deberá disponer de un registro específico de solicitantes, con plazos de inscripción claramente definidos y procedimientos públicos de selección.
Los promotores estarán obligados a establecer criterios de baremación previamente determinados y a publicar los listados de adjudicación, garantizando la trazabilidad de todo el proceso.
La medida busca asegurar que todas las personas interesadas puedan acceder en igualdad de condiciones a las promociones de vivienda protegida.
Los promotores deberán informar desde el inicio
La modificación de los artículos 18 y 19 del decreto introduce además un control preventivo sobre las promociones privadas.
Desde la fase inicial del proyecto, las empresas deberán presentar a la Administración información detallada sobre el sistema de comercialización de las viviendas y los criterios que se utilizarán para seleccionar a los adjudicatarios.
Este requisito permitirá a la Generalitat supervisar previamente la idoneidad de los procedimientos antes de que se inicie la adjudicación de los inmuebles.
La Administración podrá evaluar desde el primer momento si se cumplen los principios de publicidad, concurrencia y transparencia exigidos por la normativa.
Una comisión técnica supervisará las adjudicaciones
Otra de las novedades destacadas es la creación de una comisión de valoración técnica encargada de revisar los expedientes y verificar que los adjudicatarios cumplen los requisitos legales para acceder a una vivienda protegida.
Este órgano actuará como un filtro adicional dentro del procedimiento administrativo y reforzará las garantías para todos los participantes.
Según la Generalitat, la finalidad es evitar posibles irregularidades y asegurar que las viviendas cumplen su función social.
El arraigo al municipio podrá tenerse en cuenta
En las promociones desarrolladas sobre suelo público, la nueva regulación permitirá incorporar criterios relacionados con la vinculación territorial de los solicitantes.
Aspectos como el empadronamiento continuado podrán ser valorados para priorizar el acceso de personas con arraigo al municipio donde se construyan las viviendas.
La medida responde a una demanda planteada por numerosos ayuntamientos para favorecer que los vecinos puedan desarrollar su proyecto de vida en sus localidades.
El visado administrativo gana protagonismo
La reforma también refuerza el papel del visado administrativo en las operaciones relacionadas con viviendas protegidas.
Los contratos de compraventa, alquiler o segundas transmisiones deberán superar controles previos antes de obtener el visado definitivo. Ningún expediente podrá completarse sin la validación de la nueva comisión de valoración.
Además, se mantiene la obligación de que los notarios soliciten la acreditación correspondiente antes de formalizar las escrituras.
El Plan Vive centralizará toda la información
La Generalitat ha recordado que toda la información relacionada con las promociones de vivienda protegida estará disponible a través del portal digital del Plan Vive Comunitat Valenciana.
Esta plataforma permitirá consultar el estado de las promociones, los plazos de inscripción, los registros de solicitudes y los listados de adjudicación, facilitando el acceso a la información y aumentando la transparencia del sistema.
El objetivo es que cualquier ciudadano pueda conocer cuándo se abre una promoción, qué requisitos debe cumplir y cómo se desarrollará el proceso de adjudicación.
