La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad ha aprobado la Instrucción 1/2026, que transforma el modelo de atención a las mujeres víctimas de violencia al ampliar de forma significativa los servicios públicos especializados que pueden emitir informes para la acreditación administrativa.
Con este cambio, la Generalitat apuesta por un sistema más cercano y accesible, basado en la valoración profesional de los equipos de intervención que atienden directamente a las mujeres, mediante un diagnóstico social y un Plan de Intervención Individual.
Más servicios habilitados para acreditar la violencia
Hasta ahora, la acreditación recaía principalmente en la Red de Centros Mujer y el Programa Alba. Con la nueva instrucción se incorporan plenamente los Centros de Atención Integral 24 horas a Víctimas de Violencia Sexual (Centros de Crisis), y la Red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD).
Este refuerzo multiplica los puntos de acceso para las víctimas y facilita que puedan activar recursos de protección y apoyo desde el primer contacto con los servicios públicos.
Sin denuncia previa: prioridad a la protección de la víctima
Uno de los avances más relevantes de la nueva instrucción es que la acreditación administrativa ya no depende de la interposición de una denuncia judicial.
Según ha subrayado Susana Camarero, esta medida “permite que las mujeres ejerzan sus derechos desde el primer momento, sin verse obligadas a iniciar un proceso judicial para acceder a protección, ayudas o recursos”. El objetivo es claro: reducir las barreras de acceso y evitar que el miedo, la presión o la dependencia económica frenen la solicitud de ayuda.
Reconocimiento específico de las violencias sexuales
La instrucción incorpora como novedad la acreditación de las violencias sexuales, lo que permitirá a las víctimas acceder a derechos y recursos aunque no dispongan de una resolución judicial previa.
Este reconocimiento supone un avance en la atención integral, al equiparar el acceso a derechos en casos de violencia sexual con el de otras formas de violencia sobre la mujer, reforzando el papel de los Centros de Crisis como puerta de entrada al sistema de protección.
Evitar la revictimización y proteger la intimidad
La normativa pone el foco en evitar la revictimización de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Para ello: se reduce la repetición innecesaria de testimonios, se permite presentar certificaciones de fallos judiciales en lugar de sentencias completas cuando estas contengan datos sensibles y se garantiza que la atención no dependa de la voluntad de la víctima de declarar o iniciar acciones legales.
Además, la acreditación administrativa incorpora automáticamente a la mujer a la Red de Recursos de la Generalitat, asegurando un acompañamiento integral y coordinado.
Acceso a derechos esenciales: vivienda, empleo y ayudas
La acreditación administrativa expedida por los órganos competentes permite acceder a un catálogo de derechos clave, entre ellos: ayudas económicas como el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Valenciana de Inclusión, prioridad en el acceso a vivienda protegida, programas de inserción laboral y adaptación de horarios de trabajo, asistencia jurídica gratuita y servicios de recuperación integral a largo plazo.
Con este modelo, la Generalitat busca ofrecer una respuesta personalizada que priorice la seguridad, la autonomía y la dignidad de las víctimas.
