– La portavoz del PP en Forcall, Ana Delfi Martín, solicitó el pasado 24 de julio información relativa a la suspensión de los festejos que “hoy, cumplido el plazo establecido por la ley, seguimos sin tener”
– “No es la primera vez que ocurre. Hay datos y documentos que han tardado meses en facilitarnos. La gravedad de lo acontecido en julio requería diligencia. Pero es evidente que no quieren”, dice
El Partido Popular de Forcall recurrirá al Síndic de Greuges para que los derechos del partido en la oposición “no se vean pisoteados”. “El bloqueo de la información por parte del alcalde es consciente y voluntaria, y ante este atropello a los derechos a los que como partido nos ampara la ley, nos vemos obligados a recurrir a instancias superiores para defender los derechos que como representantes de los vecinos nos asisten”.
La decisión se adopta “después de un año al frente de la oposición en el que hemos solicitado de forma reiterada información, expedientes y datos y se nos han negado en el plazo establecido por ley de cinco días naturales”.
-
“En ocasiones han tardado meses en respondernos y la gota que colma el vaso es lo acontecido el pasado julio en las fiestas”.
La suspensión de los actos taurinos fue conocida por la regidora del PP a través de los vecinos “cuando el alcalde debería habernos compartido la decisión a título informativo”. Fruto de estos hechos el PP registró por escrito el 24 de julio una instancia solicitando el expediente completo relativo a la contratación de los festejos que pasado el periodo marcado por ley sigue sin respuesta.
-
“Creemos que el alcalde no puede gobernar el ayuntamiento como si fuera un cortijo».
Por ello, apelamos a instancias superiores para reclamar la transparencia y la participación debida que es evidente que el alcalde socialista de Forcall no desea practicar”.
-
Tal y como relata Ana Delfi Martín, “si el alcalde no está dispuesto a cumplir la ley, instancias superiores le obligarán a hacerlo”.
Porque el artículo 128.3 de la ley 8/2010 es claro a la hora de advertir que se debe contestar a las solicitudes presentadas por los concejales en el plazo máximo de 5 días naturales, porque de lo contrario, se adquiere por silencio administrativo el derecho de acceso a la información pública solicitada. “Esperamos que nos respondan”, ha manifestado.
