La Junta de Gobierno del llustre Colegio de la Abogacía de Alicante en sesion extraordinaria de fecha 10 de Noviembre de 2023 ha aprobado por unanimidad la siguiente declaración Institucional:
El Real Decreto 131/2021,de 2 de marzo por el que se apruebael Estatuto General de la Abogacía Espanola en su articulo 1 dispone:
Que la abogacía debe velar siempre por la defensa de los derechos y libertades con respeto a los principios del estado social y democrdtico de derecho constitucionalmente establecido, en el que los profesionales de la abogacía desempenan una función esencial y sirven los intereses de la justicia mediante la defensa de los derechos y libertades publicas
En su articulo 10 se reitera que antes de iniciar el ejercicio profesional, los profesionales de la abogacía prestaran juramento o promesa de acatamiento a la Constitucion y al resto del Ordenamiento Jurídico, con un deber general decooperacion en su condicion de garantes y actores de la recta administración de la justicia
Asimismo,en su articulo 67 letra h sienta como fin esencial de los Colegios de la Abogacla en su ambito territorial respectivo, la defensa del Estado social y de Derecho proclamado en la Constitución.
Por ello, desde la neutralidad y pluralidad que deben presidir los actos de una Corporacionde Derecho publico representativa de una profesion a la que es obligatorio afiliarse para ejercerla, esta Junta de Gobierno manifiesta que:
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Nuestra Constitucion en su articulo 1 determina que Espana se constituye en un Estado social y democratico de derecho que propugna como valores superiores de su Ordenamiento Jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo polltico, en el que los jueces deben estar sometidos únicamente al imperio de la ley y así lo establece expresamente su articulo 117.1.
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El Poder Judicial no puede estar sometido a presiones polfticas, ni a intromisiones que impliquen un riesgo para la independencia judicial y una quiebra de la separación de poderes y en consecuencia del Estado de Derecho que nos hemos dado.
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La Junta de Gobierno considera que la referencia, en el acuerdo entre partidos ,al término guerra judicial y al control polftico delas decisiones judiciales supone un riesgo inasumible en la imprescindible separacion de poderes y una amenaza a los principios fundamentales de una democracia consolidada y plena.
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Poner en tela de juiciola independencia de nuestros juzgados y tribunales es el comienzo de un proceso que llevarfaindefectiblemente a poner en peligro el Estado social y de Derecho que como abogacla estamos no solo llamados sino obligados a defender.
