El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha denunciado este viernes la “desconexión con la realidad” del Gobierno central al aplicar sin matices la nueva normativa europea de control pesquero. Una regulación que, según el sector, supone una carga burocrática excesiva y pone en riesgo la viabilidad de la flota de pequeña escala, mayoritaria en la Comunitat Valenciana. Barrachina realizó estas declaraciones tras reunirse con representantes de las tres Federaciones de Cofradías de Pescadores para analizar el impacto real de las medidas en la actividad diaria de los pescadores mediterráneos.
Exigencia de paralización de las medidas más rígidas
Durante el encuentro, el conseller reclamó al Ministerio competente la paralización inmediata de las exigencias más restrictivas del nuevo sistema de control, como el Diario Electrónico de a Bordo (DEA), cuya aplicación considera “asfixiante” para el sector. Asimismo, exigió la activación efectiva de la moratoria anunciada para evitar un daño irreversible a la pesca valenciana, especialmente en el segmento artesanal y de pequeña escala.
Obligaciones imposibles de cumplir en el Mediterráneo
Entre las medidas más controvertidas, Barrachina señaló la obligación de comunicar con 2,5 horas de antelación la llegada a puerto detallando las capturas, una exigencia que las cofradías consideran inviable en el litoral valenciano debido a la proximidad de los caladeros y a la dinámica propia de la pesca mediterránea. A ello se suma la nueva versión del DEA, en vigor desde el pasado 10 de enero, que obliga a declarar todas las especies capturadas, elimina el umbral mínimo de 50 kilos y exige la geolocalización de buques de entre 12 y 15 metros de eslora.
Riesgo de sanciones y pérdida de competitividad
Las cofradías califican estas obligaciones como “trabas burocráticas absurdas” que no mejoran el control de la actividad pesquera, pero sí incrementan los costes, generan pérdidas de tiempo y aumentan el riesgo de sanciones injustas. En este sentido, el conseller advirtió de que una aplicación rígida del DEA podría provocar el amarre de embarcaciones, la pérdida de empleo y la sustitución del pescado local por importaciones de terceros países con menores exigencias medioambientales y laborales.
Margen legal para una aplicación flexible
Barrachina recordó que el propio Reglamento europeo de control pesquero contempla la posibilidad de adaptar los plazos de notificación en función de la distancia a puerto y del tipo de actividad, por lo que insistió en que “España tiene margen legal suficiente para defender a su flota si existe voluntad política”. El conseller reclamó una aplicación flexible y adaptada que garantice el control de las capturas sin poner en peligro a un sector estratégico para la Comunitat Valenciana.
Un sector clave con peso económico y social
El conseller subrayó que la pesca valenciana es mayoritariamente artesanal, sostenible y cumple con las exigencias de trazabilidad. En 2024, el sector capturó 12,8 millones de kilos de pescado, con un valor en lonja de 69,5 millones de euros, lo que evidencia su importancia económica y social para el litoral valenciano.
Apoyo del Consell y cifras récord en inversiones
Frente a la rigidez del Gobierno central, la Generalitat ha reforzado su apoyo al sector pesquero valenciano. Barrachina confirmó que la inversión destinada a la modernización de infraestructuras pesqueras y lonjas alcanzará los 6 millones de euros en 2026, una cifra histórica que refleja la prioridad del Consell por mejorar la competitividad del sector y garantizar su continuidad.
“Exigimos al Gobierno de España que defienda al sector pesquero valenciano en Europa y que no se limite a trasladar normas que ahogan a nuestros marineros y ponen en peligro su futuro”, concluyó el conseller.
