La vicepresidenta primera de la Diputación de Alicante, Ana Serna, ha criticado la nueva elevación del caudal ecológico del río Tajo aprobada por el Ministerio de Transición Ecológica para 2026, al considerar que “supone un nuevo recorte del trasvase Tajo-Segura”.
Decisiones sin base técnica
Serna ha lamentado que, como en anteriores ocasiones, “este recorte se aplica de forma arbitraria y sin obedecer a ningún criterio técnico ni científico”, y ha advertido de que las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez ponen en riesgo la economía de la provincia de Alicante.
Impacto económico y social
La también diputada de Ciclo Hídrico ha subrayado que Alicante es la cuarta provincia en población y la quinta en aportación al PIB nacional. En este contexto, ha señalado que la previsible modificación de las reglas de explotación del trasvase reducirá drásticamente los caudales disponibles y “podría suponer el fin de una infraestructura esencial para el sureste español”.
El peso del trasvase en el sector agroalimentario
Según ha recordado Serna, el trasvase aporta 4.000 millones de euros al PIB, genera más de 100.000 empleos y representa el 71 % de las exportaciones nacionales de frutas y hortalizas, cifras que evidencian “las repercusiones tan negativas” de las restricciones hídricas.
Riesgo de pérdida de regadío y empleo
La vicepresidenta ha advertido de que, sin alternativas realistas y eficientes, podrían perderse 133.000 hectáreas de regadío, más de 100.000 empleos, 3.900 millones de euros del PIB y más de 44 millones de árboles, lo que favorecería la degradación del suelo y el avance de la desertificación.
Defensa del trasvase
Finalmente, Ana Serna ha asegurado que la Diputación de Alicante “defenderá siempre la continuidad del trasvase y los intereses de los regantes y de la industria agroalimentaria”, destacando la coordinación con la Generalitat Valenciana como un respaldo clave frente a las decisiones del Gobierno central.
