La Vicepresidencia segunda para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha anunciado que presentará alegaciones contra el procedimiento que marca el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa en Xilxes.
El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, que se ha personado en el acto de apeo junto con el alcalde de la localidad, Ismael Minguet, ha lamentado que “el Ministerio de Transición Ecológica sigue revisando los deslindes en nuestra costa, a lo largo de más de 60 kilómetros”, y ha criticado que el Gobierno central no priorice las actuaciones de regeneración que demanda el litoral.
Defensa autonómica y resistencia municipal
García Manzana ha recordado que la Generalitat se ha opuesto desde el inicio a estos procedimientos y trabaja para desplegar plenamente sus competencias en el marco de la nueva Ley de la Costa, con el propósito de ofrecer herramientas a los ayuntamientos para afrontar los procesos de delimitación, especialmente en zonas de valor patrimonial costero.
El responsable autonómico ha señalado que la actuación estatal implica desplazar hacia el interior la línea del dominio público marítimo-terrestre, generando afecciones directas a propietarios incluidos en áreas de servidumbre de tránsito o protección, que verán limitados sus derechos.
Impacto directo sobre infraestructuras locales
Según García Manzana, el deslinde afecta a tres infraestructuras concretas: un chalet que perdería parte de su jardín; una parcela sin construcciones; y un camping que quedaría sin piscina, sin restaurante y con pérdida de varias casetas. Ha advertido también de que el procedimiento se basa en una aplicación incorrecta de la norma y que, de insistirse en ejecutarlo, debería reiniciarse conforme al reglamento previo a la modificación anulada por el Tribunal Supremo.
Vías legales para frenar el procedimiento
Tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Xilxes coinciden en agotar todas las vías disponibles para tratar de impedir la aplicación del deslinde. El director general y el alcalde han calificado la actuación como un nuevo ejemplo del ritmo acelerado del Gobierno central en este tipo de procedimientos y no descartan recurrir a la vía contencioso-administrativa.
