La alcaldesa de Torrent firmó a finales de mayo un decreto para declarar el estado de ruina inminente y ordenar la demolición urgente de una nave industrial situada en la calle Artesanos número 27, después de que el inmueble haya sufrido graves desperfectos como consecuencia de la DANA del 29 de octubre de 2024 y de posteriores incendios, siendo el más grave el ocurrido el pasado 25 de mayo.
Los servicios técnicos municipales han certificado que la nave presenta importantes daños estructurales provocados inicialmente por el desbordamiento del barranco del Poyo, ahora agravados por el reciente incendio. El informe técnico detalla que el edificio ha colapsado parcialmente y se encuentra en riesgo de derrumbe total, representando un grave peligro para la seguridad pública. Además, la nave se ubica en suelo no urbanizable de protección de barrancos e infraestructuras, situado en la zona de policía del barranco y está clasificada como fuera de ordenación según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Torrent.
El decreto señala que, aunque la propiedad de la nave, manifestó en marzo su intención de proceder a la demolición, no se ha llegado a tramitar la correspondiente licencia. El Ayuntamiento ha decidido actuar con carácter de urgencia ante la falta de garantías de seguridad, especialmente después de que la Policía Local haya detectado que varias personas han accedido al edificio eludiendo los precintos y vallas de seguridad.
Según la resolución de Alcaldía, el derribo se llevará a cabo mediante contratación de emergencia por parte de los servicios técnicos municipales, y los costes derivados de la actuación serán asumidos por la propiedad. También se ha ordenado a la Policía Local reforzar el precinto e impedir cualquier acceso hasta que se complete la demolición.
El Ayuntamiento de Torrent actúa así para garantizar la seguridad de la ciudadanía y evitar que el estado ruinoso del edificio pueda provocar daños personales o materiales. Esta medida se fundamenta en lo establecido por el Decreto Legislativo 1/2021 de 18 de junio, que permite a las entidades locales adoptar acciones inmediatas cuando se detecta un riesgo inminente para la seguridad pública.
Con esta acción, el consistorio reitera su voluntad de seguir gestionando con responsabilidad las consecuencias de los fenómenos extremos que, como la DANA, han afectado de forma significativa a varios barrios de la ciudad.
