La Unió Llauradora denuncia el limbo en el que se encuentran alrededor del 6% de las parcelas afectadas por la dana del pasado año, las que habría incorporado el Gobierno al Dominio Público Hidráulico (DPH), cuyos propietarios no saben cuándo cobrarán las ayudas ni lo que les corresponderá cerca de diez meses ya de la fecha de la catástrofe.
En este sentido, la organización ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), al igual que ya trasladó al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar en una reunión en junio, que resuelva todas esas incertidumbres y además garantice los derechos de los propietarios. Numerosas parcelas con actividad agraria consolidada, algunas con derechos reconocidos dentro de la PAC y otras incluso con autorizaciones de riego, van a ser incorporadas al Dominio Público Hidráulico, lo que les va a causar un enorme impacto económico y jurídico.
Demandas desde La Unió
En primer lugar, LA UNIÓ reclama mayor claridad administrativa y jurídica. En este sentido, insta al Ministerio dirigido por Sara Agaasen a que se garantice la incorporación actualizada de las nuevas delimitaciones del DPH al visor SIGPAC, de forma que los agricultores puedan conocer de forma sencilla y transparente la situación legal de sus parcelas. También que se asegure la información previa individualizada y la posibilidad de consulta y alegación.
También pide al Ministerio una compensación económica justa y proporcional que tenga en cuenta el valor patrimonial del suelo, la pérdida de capacidad productiva y el perjuicio económico generado. Así mismo solicita la conservación de derechos agrarios para su reactivación futura, es decir, que los derechos de ayuda directa de la PAC vinculados a superficies hoy desaparecidas o inutilizables se mantengan a nombre del agricultor o ganadero afectado, pudiendo ser activados sobre otras superficies agrarias que adquiera o arriende en el futuro. Y para el caso de parcelas con derechos de plantación de viñedo, que dichos derechos se conserven igualmente en propiedad del agricultor afectado, sin pérdida de validez, y se habilite su activación sobre otras superficies vitícolas.
En relación con el riego, le pide que se respeten los derechos preexistentes, permitiendo su traspaso a nuevas parcelas de sustitución. Para los casos en que existiera autorización de uso de pozo individual que se facilite una nueva autorización equivalente para el uso en la nueva ubicación.
Experiencias de los afectados
Laura Pérez, afectada de Requena y afiliada de LA UNIÓ, señala que “a finales de julio todavía me estaban peritando mis 4 hectáreas de viña que desaparecieron con la riada al lado del río Magro y que me han incorporado al Dominio Público Hidráulico, así que sigo sin tener mis tierras que ya no existen y sin saber a qué atenerme”. En este sentido, Luis Javier Navarro, vicesecretario general de LA UNIÓ, afirma que “parcelas como las de Laura eran de uva para cava, tenían buen rendimiento gracias al riego y se pagaban muy bien. Podría haber perdido más de 50.000 euros de ingresos de este año sin cosecha respecto al pasado que aún pudo vendimiar”.
Pero también hay otro grupo de personas afectadas cuyas parcelas no se han incluido en el DPH, pero que todavía siguen sin arreglar. Otro afiliado de LA UNIÓ, en este caso de Utiel, Antonio García, indica que “se acerca la vendimia y no va a poder entrar a cosechar la uva porque pese al compromiso del Gobierno y Tragsa no me han reparado las parcelas”.
Luis Javier Navarro considera que “si bien la situación generada por la dana ha provocado una modificación física de las parcelas, la nueva situación del Dominio Público Hidráulico debe ser tratada con equidad, proporcionalidad y colaboración institucional, y no menoscabar los derechos legítimos de quienes, durante décadas, han desarrollado una actividad agraria lícita y necesaria para el equilibrio rural y ambiental del territorio”.
