LA UNIÓ reclama al Gobierno de España una reforma profunda del sistema de devolución del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH) correspondiente al gasóleo agrícola para que la bonificación se aplique directamente en el momento de repostar, evitando que agricultores y ganaderos profesionales tengan que adelantar el dinero y solicitar posteriormente su devolución.
También insta a aplicar el IVA reducido del 10% al gasóleo profesional y el impuesto mínimo especial armonizado de la Unión Europea para todas las actividades agrícolas, ganaderas y forestales. A pesar de la rebaja del IVA de los carburantes al 10% anunciada a principios de año, desde el pasado 1 de julio este impuesto ha vuelto al 21% habitual.
Un informe elaborado por los servicios técnicos de LA UNIÓ, a partir de datos obtenidos a través del Portal de Transparencia, revela que durante 2024 únicamente 4.115 agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana solicitaron esta devolución, por un consumo conjunto de 25,28 millones de litros de gasóleo agrícola. El importe total devuelto a los productores valencianos fue de 1,60 millones de euros, lo que supone una devolución media de alrededor de 389 euros por solicitud.
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LA UNIÓ considera que estas cifras deberían hacer reflexionar al Ministerio de Hacienda sobre la eficacia del actual procedimiento.
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La Comunitat Valenciana concentra aproximadamente el 3,5% de las solicitudes de toda España, pero únicamente alrededor del 2,4% de los litros acogidos a devolución y del importe total devuelto.
Además, la devolución media valenciana, unos 389 euros por solicitante, está muy por debajo de la media española, que se sitúa en aproximadamente 558 euros. Cada solicitante valenciano declaró de media unos 6.143 litros, frente a unos 8.813 litros de media estatal. Estas cifras reflejan también las características estructurales de buena parte de las explotaciones valencianas, de menor dimensión que las existentes en algunas de las principales regiones agrarias españolas.
El problema no se limita solo a la Comunitat Valenciana. En el conjunto de España se presentaron en 2024 118.189 solicitudes, un 8,87% menos que el año anterior y muy lejos de las cerca de 200.000 que llegaron a registrarse en 2008. Los litros acogidos a devolución también han caído hasta 1.041,7 millones, el volumen más bajo de toda la serie analizada, mientras que el consumo total de gasóleo del sector agrario no presenta una evolución equivalente. De hecho, el consumo agrario se situó en 2024 en alrededor de 1,66 millones de toneladas, ligeramente por encima del año anterior.
Para LA UNIÓ, esta divergencia evidencia que cada vez menos agricultores y ganaderos están accediendo a una devolución a la que potencialmente podrían tener derecho, mientras el consumo real de combustible del sector no disminuye en la misma proporción.
La organización considera que el sistema diseñado por Hacienda introduce una burocracia innecesaria para recuperar cantidades que, en numerosas explotaciones, son relativamente reducidas. Actualmente, el productor debe pagar primero el combustible y posteriormente presentar electrónicamente ante la Agencia Tributaria la correspondiente solicitud de devolución. La cuantía establecida es de 63,71 euros por cada 1.000 litros consumidos. “No tiene sentido obligar a un agricultor a pagar primero el impuesto para que meses después tenga que hacer otro trámite ante Hacienda para recuperar una parte. Si el gasóleo está acreditado como agrícola y su uso profesional está perfectamente identificado, la bonificación debería aplicarse directamente cuando se reposta”, señala LA UNIÓ.
LA UNIÓ propone sustituir progresivamente el actual sistema por un verdadero gasóleo profesional agrario, con una fiscalidad específica y adaptada a la actividad productiva, tanto en el Impuesto sobre Hidrocarburos como en el IVA, dentro de los márgenes permitidos por la normativa europea. La organización reclama que la reducción fiscal correspondiente al Impuesto sobre Hidrocarburos se aplique directamente en el surtidor mediante un sistema de identificación del agricultor o ganadero profesional, de manera que el productor pague desde el primer momento el precio que realmente le corresponde y no tenga que financiar previamente a Hacienda para solicitar después la devolución.
“Hacienda dispone hoy de herramientas suficientes para comprobar quién es agricultor o ganadero, qué explotación tiene y qué combustible adquiere. No es razonable mantener un procedimiento que obliga al sector a adelantar el impuesto y después pedir que se lo devuelvan. La simplificación administrativa también consiste en eliminar trámites que ya no tienen sentido”, señala LA UNIÓ.
