El Consell ha aprobado el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat para 2026, una norma que incluye una rebaja generalizada del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y nuevas medidas destinadas a reforzar el control y la transparencia en el acceso a las viviendas de protección pública.
El anuncio ha sido realizado por el conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, junto a la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero.
Rebaja fiscal para 2,7 millones de contribuyentes
La principal novedad del texto es la reducción de los tipos autonómicos del IRPF en todos los tramos de renta, con una incidencia especialmente significativa en las rentas medias y trabajadoras.
Según ha explicado Rovira, la medida beneficiará a alrededor de 2,7 millones de contribuyentes de la Comunitat Valenciana y supondrá un ahorro fiscal estimado de 160 millones de euros.
La reforma contempla reducciones de entre 0,2 y 0,6 puntos porcentuales en los distintos tramos autonómicos y mantendrá sin cambios la tributación para las rentas superiores a 150.000 euros anuales.
La Generalitat calcula que una familia con ingresos comprendidos entre los 30.000 y los 40.000 euros podrá ahorrar hasta 650 euros gracias a la combinación de la rebaja fiscal y las nuevas deducciones previstas.
Además, el Consell destaca que el 72 % de los beneficiarios tendrán rentas inferiores a 30.000 euros y que el 87,3 % del ahorro total se concentrará en contribuyentes con ingresos inferiores a 80.000 euros.
La reducción tendrá efectos en la declaración correspondiente al ejercicio 2026, cuya campaña de la renta se desarrollará durante 2027.
Más facilidades para la empresa familiar
La futura ley también incorpora modificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para facilitar el relevo generacional de las empresas familiares.
La reforma amplía el círculo de beneficiarios de las ventajas fiscales hasta familiares de cuarto grado de parentesco, con el objetivo de favorecer la continuidad de negocios familiares y preservar la actividad económica y el empleo asociado.
Desde la Generalitat recuerdan que las empresas familiares representan más del 90 % del tejido empresarial valenciano.
Más transparencia en las viviendas protegidas
En materia de vivienda, el anteproyecto introduce cambios en la regulación de las Viviendas de Protección Pública (VPP) para reforzar la transparencia y garantizar un acceso más equitativo.
Según ha explicado Susana Camarero, los promotores privados estarán obligados a publicar y justificar los criterios utilizados para seleccionar a los compradores desde el momento de la calificación provisional de la promoción.
Asimismo, se creará una comisión de valoración encargada de supervisar los expedientes relacionados con el visado de viviendas protegidas mediante criterios técnicos e imparciales.
Otra de las novedades permitirá valorar el arraigo o la vinculación continuada con un municipio en determinadas promociones desarrolladas sobre suelo público mediante fórmulas de colaboración público-privada.
La Generalitat considera que estas medidas aportarán mayor seguridad jurídica, control y transparencia a los procesos de adjudicación de vivienda protegida.
Próximos pasos
Tras su aprobación por el pleno del Consell, el anteproyecto continuará ahora su tramitación administrativa y deberá recabar los informes preceptivos del Consell Jurídic Consultiu (CJC) y del Consejo Económico y Social (CES) antes de iniciar su recorrido parlamentario.
El Ejecutivo autonómico defiende que la norma combina una reducción de la presión fiscal sobre las familias valencianas con medidas destinadas a mejorar el acceso a la vivienda y favorecer la continuidad de las empresas familiares.
