La Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación ha iniciado el periodo de información pública del proyecto de decreto que regulará el servicio de personal facilitador procesal en la Comunitat Valenciana.
El anuncio ha sido publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y supone un nuevo paso en la tramitación de una normativa orientada a garantizar una justicia más accesible para las personas con discapacidad o vulnerabilidad cognitiva.
La Generalitat avanza en una justicia más accesible e inclusiva
La consellera de Justicia, Nuria Martínez, ha destacado que esta regulación “supondrá un avance decisivo para garantizar que todas las personas puedan comprender y participar plenamente en los procedimientos judiciales”.
Según ha señalado, el objetivo es eliminar barreras y reforzar el derecho a la tutela judicial efectiva mediante una atención adaptada a las necesidades de las personas más vulnerables.
La futura norma forma parte de la estrategia impulsada por la Generalitat para avanzar hacia una administración de justicia “más accesible, inclusiva y cercana a la ciudadanía”.
El personal facilitador ayudará a garantizar una comunicación comprensible
El personal facilitador procesal será el profesional especializado encargado de adaptar la comunicación entre el sistema judicial y las personas con discapacidad o vulnerabilidad cognitiva.
Entre sus funciones estará evaluar las necesidades de apoyo de cada persona, proponer medidas de accesibilidad y colaborar con jueces, fiscales, letrados, fuerzas de seguridad y otros operadores jurídicos para asegurar una comunicación clara y comprensible durante todas las fases del procedimiento judicial.
La regulación será aplicable a todos los procedimientos judiciales que se desarrollen en órganos con sede en la Comunitat Valenciana, independientemente del orden jurisdiccional o de la fase procesal.
El decreto podría aprobarse en octubre y entrar en vigor en 2027
El proyecto normativo ya ha sido remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la emisión del informe correspondiente. Posteriormente deberá recabar informes de la Dirección General de Presupuestos, de la Abogacía General de la Generalitat y del Consell Jurídic Consultiu.
La previsión de la Conselleria es que el decreto pueda ser aprobado por el Consell durante el próximo mes de octubre y que entre en vigor en enero de 2027.
En los últimos años, la Generalitat ha impulsado otras medidas relacionadas con la accesibilidad en la administración de justicia, como la adaptación de documentos a lectura fácil, la implantación de servicios de interpretación en lengua de signos y la eliminación de barreras arquitectónicas en sedes judiciales.
