Los gobiernos de la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia anuncian que analizarán acciones legales frente a las graves irregularidades detectadas en la gestión del Plan del Tajo por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).
El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, se ha reunido con la consejera murciana de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira; el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez; y los equipos técnicos y jurídicos de ambas administraciones para coordinar una respuesta conjunta ante la situación.
Barrachina señala que “vamos a analizar todas las vías de defensa frente a las irregularidades detectadas, incluido el ejercicio de acciones judiciales”.
El conseller ha reiterado el compromiso del Consell con la defensa del trasvase Tajo-Segura, y ha subrayado que “su eliminación tendría efectos devastadores para la agricultura de la provincia de Alicante y para miles de familias que dependen de ella”.
“No vamos a permitir que decisiones unilaterales y sin base técnica comprometan décadas de equilibrio y esfuerzo compartido entre cuencas”, ha afirmado Barrachina, que ha reclamado a la Confederación Hidrográfica del Tajo “transparencia, rigor y respeto a la legalidad vigente”.
Asimismo, el titular de Agricultura ha destacado que “en España hay agua suficiente y los trasvases son una herramienta eficiente y solidaria”. En este sentido, ha remarcado que “debemos alejarnos de los dogmatismos del Gobierno de España, que ha demonizado los trasvases con el objetivo de acabar eliminándolos”.
Anomalías detectadas
Según los informes del CEDEX, se han detectado incongruencias en los caudales del Tajo, especialmente en los desembalses y consumos en cabecera, sin una justificación técnica documentada. Estas irregularidades generan incertidumbre en el funcionamiento del trasvase y evidencian una falta de transparencia en la gestión de la Confederación Hidrográfica del Tajo, al no existir actas ni acuerdos que respalden el actual régimen de desembalses.
Además, la CHT no ha elaborado el Programa Especial de Seguimiento obligatorio desde 2024, destinado a evaluar los efectos de los nuevos caudales ecológicos. También se han detectado caudales irregulares en Aranjuez y desajustes en los balances hídricos, lo que pone en duda la fiabilidad de los datos oficiales del Plan Hidrológico del Tajo.
Las comunidades alertan de que los nuevos desembalses previstos para 2026 son incompatibles con los volúmenes de referencia aún vigentes y advierten que el aumento de los caudales mínimos, de 400 a más de 500 hectómetros cúbicos, solo puede aprobarse en el marco de la planificación hidrológica nacional.
Ante este escenario, la Comunitat Valenciana y la Región Murcia estudiarán la posibilidad de que se adopten medidas cautelares urgentes para evitar daños irreversibles en el regadío y el abastecimiento del Levante, dada la ausencia de medidas compensatorias o mecanismos de coordinación.
