«El Gobierno no va a dar instrucciones de ninguna clase a la Fiscalía General del Estado».
Dolores Delgado, ministra de Justicia, ante la Comisión de Justicia del Congreso, 10 de octubre de 2018, página 2.
Dieciséis meses después, quien había pronunciado aquella frase fue nombrada fiscal general del Estado a propuesta del Gobierno de Sánchez. La exministra y exdiputada socialista pasaba a dirigir una institución obligada a actuar con imparcialidad, también cuando sus decisiones afectasen a quienes la habían elegido.
La frase seguía siendo válida. Pero la distancia entre el Gobierno y la Fiscalía no se mide contando los metros entre sus edificios. También importa quién cambia de despacho y cuánto tarda en hacerlo.
Una carrera anterior a Sánchez
Dolores Delgado no llegó a la Fiscalía en un coche oficial enviado por Moncloa. Ingresó en la carrera fiscal en 1989. Su primer destino fue El Prat de Llobregat; en 1993 pasó a la Fiscalía Especial Antidroga y en 2004 a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Trabajó contra el narcotráfico y el terrorismo e intervino como fiscal en el juicio por los crímenes de la dictadura argentina conocido por el caso Scilingo. Su trayectoria está documentada por la propia Fiscalía.
Ese currículo merece reconocimiento. Y hace la pregunta posterior más exigente: tener méritos no convierte cada nombramiento futuro en un derecho adquirido.
Sánchez la incorporó a Justicia en junio de 2018. Durante aquella etapa, la difusión de grabaciones de una comida de 2009 con Villarejo provocó una crisis política. En su comparecencia parlamentaria, Delgado reconoció que había acudido, negó amistad y relación profesional con él y sostuvo que estaba siendo utilizada para chantajear al Gobierno. Es su explicación, recogida en el Diario de Sesiones, páginas 4–8.
Una comida no acredita una trama. Denunciar un chantaje tampoco dispensa a una ministra de explicar sus relaciones y responder por sus palabras. Sánchez la mantuvo en Justicia hasta el relevo de enero de 2020. Después eligió proponerla para la Fiscalía General.
El 2 de noviembre de 2018, Delgado explicó y defendió públicamente la acusación de la Abogacía del Estado por sedición y malversación en la causa del procés. Ahí ejercía de ministra: respaldaba la actuación del servicio jurídico del Estado. Esa función no debe confundirse con la de una Fiscalía obligada a actuar con imparcialidad. Pasar después a dirigirla hacía especialmente necesaria una separación convincente entre ambas responsabilidades.
Como ministra y notaria mayor del Reino, Delgado participó en la exhumación de Franco, realizada el 24 de octubre de 2019. La organización comunicada por Presidencia precisaba esa función. El Gobierno ejecutó una decisión de gran valor simbólico para su proyecto; ella desempeñó una responsabilidad concreta. No dirigió por sí sola toda la operación.
Del Consejo de Ministros a la Fiscalía General
El nombramiento de fiscal general es del 25 de febrero de 2020, publicado al día siguiente. Lo hizo el rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. La comparecencia en el Congreso formaba parte del procedimiento; los diputados no la eligieron para el cargo.
La ley de entonces permitía aquel tránsito. ¿Era prudente colocar al frente de la Fiscalía a quien acababa de defender al mismo Gobierno desde el banco azul y de ocupar un escaño socialista? La experiencia jurídica se acreditaba con años de trabajo. La distancia respecto al Ejecutivo no podía acreditarse con un cambio de tarjeta.
Desde agosto de 2024, ese salto inmediato encuentra una barrera legal. La reforma de agosto de 2024, artículo segundo, impide proponer para fiscal general a quien, en los cinco años anteriores, haya sido nombrado ministro o haya tenido la condición de diputado, entre otros antecedentes políticos. Esa garantía llegó después. No convierte retroactivamente en ilegal el nombramiento de Delgado; sí demuestra que pedir una separación mayor era algo más que una manía de sus críticos.
El recurso de Vox terminó inadmitido por falta de legitimación: el Supremo entendió que el partido no había justificado el interés exigido para recurrir. Eso cerró aquel proceso sin resolver el fondo de su impugnación. La sentencia del recurso de Vox, de 2 de noviembre de 2021, permite comprobar la diferencia. Una puerta procesal cerrada no es un certificado universal de idoneidad.
Para Sánchez, Delgado había sido una ministra que defendía actuaciones de su Gobierno. Después la propuso para dirigir la Fiscalía: una elección de confianza cuya cercanía política está a la vista. Pero ahí hay dos preguntas distintas: por qué la eligió y qué hizo ella después para favorecerlo. La primera tiene una secuencia documentada. Esta investigación no acredita una orden concreta del presidente ni permite convertir cada actuación fiscal de aquellos años en un servicio personal a Sánchez.
También hay un límite comprobable a la interpretación de una Fiscalía que obedecía siempre al Gobierno. Con Delgado al frente, los informes de los fiscales del Supremo fueron contrarios a los indultos del procés: lo reconoció la propia Moncloa en junio de 2021. El Gobierno los concedió después. Aquellos informes no eran vinculantes ni decisiones personales de Delgado, pero impiden describir toda la institución durante su mandato como una prolongación automática del Ejecutivo.
El ascenso que el Supremo anuló
En marzo de 2020, a propuesta de Delgado, García Ortiz ascendió a fiscal de Sala y fue nombrado jefe de su Secretaría Técnica, un puesto de estrecha colaboración y confianza. En julio de 2022, Delgado cesó como fiscal general a petición propia. García Ortiz la sucedió. En octubre, el Gobierno, a propuesta de este, la promovió a fiscal de Sala y la destinó a la Fiscalía Togada del Supremo, que actúa ante su Sala de lo Militar.
La secuencia está documentada; por sí sola no prueba un pacto de intercambio de favores. En el Consejo Fiscal, otro aspirante había obtenido seis votos y Delgado cinco. Aquella votación era consultiva: el fiscal general podía proponerla pese al resultado. Lo que debía respetar era la finalidad del concurso.
El Supremo anuló este último nombramiento por desviación de poder: utilizar una facultad pública para una finalidad distinta de la que la ley le asigna. Así consta en los antecedentes del auto del Constitucional que admitió el amparo. Según la sentencia 1499/2023, de 21 de noviembre, fundamentos séptimo a noveno, García Ortiz había querido asegurar a su antecesora la máxima categoría profesional por haber sido fiscal general. El texto recoge su explicación ante el Consejo Fiscal: «En la primera oportunidad que tenga». Hablaba de cuándo la haría fiscal de Sala. La prioridad estaba dicha en voz alta.
El tribunal también señaló que Delgado había impulsado la convocatoria de aquella vacante antes de dimitir y después se presentó a ella. Pero aceptó un argumento favorable a su defensa: la falta de especialización militar no invalidaba por sí sola la elección, dadas las características de la plaza. El problema decisivo era la finalidad del nombramiento.
La sentencia atribuye esa finalidad a García Ortiz. Delgado fue la beneficiaria del nombramiento anulado: no son responsabilidades intercambiables. Tampoco era una condena penal.
El Gobierno aprobó el decreto. El tribunal explicó que no bastaba con situar el defecto en la propuesta para salvar la decisión final: el Consejo de Ministros podía aceptarla o rechazarla, y aquella propuesta era su justificación. La firma de varios no diluye el problema; obliga a seguirlo hasta el final.
El Gobierno ejecutó la anulación en abril de 2024. Delgado acudió al Constitucional, que admitió su amparo en enero de 2025. En la comprobación pública hasta el 4 de noviembre de 2026 no he localizado una sentencia de fondo que revoque aquella anulación. La admisión abre el estudio del recurso; todavía no da la razón a quien lo presenta.
Memoria Democrática: otro nombramiento, otro resultado
El nombramiento de junio de 2023 para Derechos Humanos y Memoria Democrática tuvo un recorrido diferente. En 2024, el Supremo lo anuló porque García Ortiz había impedido que el Consejo Fiscal examinase la posible incompatibilidad derivada de las actividades de Baltasar Garzón, pareja de Delgado, en un despacho y en la fundación FIBGAR.
La sentencia 873/2024, de 21 de mayo, no declaró probada esa incompatibilidad. Ordenó que el órgano competente la estudiase. Tampoco apreció desviación de poder ni consideró acreditada una amistad íntima entre Delgado y García Ortiz que obligase a este a abstenerse. Pilar Teso discrepó de la anulación: entendía que se estaba anticipando un conflicto que debía resolverse mediante la abstención cuando apareciese. Es decir, apartándose del asunto concreto.
El Consejo Fiscal aprobó su compatibilidad el 23 de julio de 2024. Según la nota de la propia Fiscalía, hubo cinco votos favorables y siete vocales que no votaron. Esta vez el Consejo decidía sobre la compatibilidad; no se limitaba a informar sobre una candidatura.
El Gobierno volvió a nombrarla para la plaza y acordó por otro decreto su ascenso a la primera categoría, el 30 de julio. Puesto y categoría son decisiones distintas, aunque se publiquen juntas.
El 25 de noviembre de 2025 se hizo público que el Supremo había rechazado el recurso contra ese segundo nombramiento. Según las informaciones coincidentes de EFE y Servimedia, el tribunal tuvo en cuenta la renuncia de Garzón a sus cargos en FIBGAR y recordó que Delgado debía apartarse de los asuntos en los que su marido hubiera intervenido profesionalmente, con una sustitución que garantizase la imparcialidad.
La resolución íntegra de 2025 sigue pendiente en esta investigación; el resultado y esos argumentos se conocen aquí por las agencias citadas. Esa limitación debe quedar a la vista. También el fallo favorable: contar únicamente las anulaciones anteriores falsearía su situación actual.
Hay, además, un matiz que importa: FIBGAR sigue presentando a Garzón como presidente ad honorem y a María Garzón como presidenta de su patronato. Esos rótulos no prueban una incompatibilidad legal. Sí aconsejan no confundir una renuncia a cargos con la desaparición de cualquier vínculo. La garantía útil está en saber cuándo procede apartarse y quién asume el asunto. No he obtenido una relación completa de las abstenciones y sustituciones de Delgado; esa ausencia documental tampoco demuestra que las haya incumplido.
Las pruebas que incomodan a la crítica
En enero de 2026, el Constitucional anuló dos sentencias del Supremo que habían invalidado el segundo nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de Sala de Menores, promovido por Delgado. La mayoría consideró que el Supremo había convertido la especialización en menores en el criterio determinante sin suficiente apoyo legal y había vulnerado el derecho del candidato a acceder al puesto en condiciones de igualdad.
Cuatro magistrados discreparon: cuestionaron tanto la revisión realizada por el Constitucional como el margen concedido a los criterios de la fiscal general. Conde-Pumpido y Tolosa no participaron. Esteban recuperó la categoría de fiscal de Sala, no la plaza de Menores, ya ocupada por otra persona.
Podemos discutir cuál de los razonamientos protege mejor el mérito profesional. Pero aquellas anulaciones del Supremo ya no pueden contarse como si el Constitucional no las hubiera corregido. La crítica que necesita esconder una resolución favorable al criticado viene con la avería de fábrica.
Qué hizo por nosotros
La Fiscalía no se dedica únicamente a nombrar fiscales. Bajo la firma de Delgado encontramos actuaciones con una utilidad reconocible fuera de los despachos.
La Instrucción 1/2020, de 15 de septiembre, fijó criterios para solicitar desalojos cautelares en delitos de allanamiento y usurpación: indicios suficientes, necesidad de proteger a los perjudicados, atención a vecinos afectados y garantías de audiencia. También exigía atender la vulnerabilidad de los ocupantes mediante los servicios sociales. No establecía un desalojo automático ni confundía una vivienda habitada con cualquier inmueble vacío.
La Instrucción 1/2022, de 19 de enero, abordó las sujeciones físicas y farmacológicas en residencias y centros sanitarios: excepcionalidad, prescripción, consentimiento en los términos legales, vigilancia y documentación. Para una persona mayor inmovilizada sin justificación, esto tiene bastante más importancia que el color de la asociación profesional de quien firma.
Son medidas concretas. Haberlas dictado no acredita por sí solo cuánto mejoró su cumplimiento, pero borrarlas del balance sería hacer propaganda con signo contrario.
En Memoria Democrática también hay actividad. La memoria de Fiscalía publicada en 2026 registra 377 expedientes abiertos por la unidad durante 2025, frente a 197 en 2024. De los 198 de memoria democrática, 161 eran de seguimiento. Son cifras de trabajo de un equipo; no 377 víctimas identificadas, condenas obtenidas o éxitos personales de Delgado.
El mismo documento registra 24 escritos de las fiscalías para promover expedientes judiciales que declaren hechos del pasado y nueve resoluciones favorables durante 2025. Ese cauce permite a las familias acreditar judicialmente lo sucedido; no equivale a una condena penal. Son resultados del conjunto de fiscales, no nueve victorias personales de Delgado.
La memoria también atribuye a la fiscal coordinadora una nota de octubre de 2025 para facilitar esos procedimientos: acercar las actuaciones al domicilio de los familiares cuando la competencia lo permita y recurrir a videoconferencias para evitar desplazamientos. Ahí hay una utilidad que se entiende sin toga: que una familia no tenga que recorrer medio país para contar lo que sufrió.
Todo eso merece figurar en el balance. También merece una evaluación de plazos, resultados y costes. La memoria histórica no necesita que renunciemos a llevar la cuenta.
Cuánto nos costó
Aquí conviene abrir el libro de cuentas sin escribir primero el total que nos gustaría encontrar.
El Portal de Transparencia, ejercicio 2018, publica 45.995,23 euros brutos para la ministra de Justicia entre el 7 de junio y el 31 de diciembre, con nueve trienios incluidos. Es un importe percibido, no el sueldo teórico de todo un año.
En su declaración de noviembre de 2019, página 1, correspondiente al ejercicio anterior, Delgado consignó 33.052,87 euros netos como fiscal y 31.427,31 netos como ministra: 64.480,18 euros netos declarados entre ambos trabajos. Los 31.427,31 netos y los 45.995,23 brutos describen la misma etapa ministerial con medidas diferentes. Sumarlos sería cobrarle dos veces la misma nómina al lector.
Para 2019, Business Insider publicó 83.330,40 euros, atribuidos al Portal de Transparencia. Las descargas oficiales actuales consultadas no contienen los cargos de Justicia de aquel año. Conservo la cifra como información de prensa, separada del acumulado con respaldo primario.
Como fiscal general, las referencias legales principales del puesto eran estas:
| Año | Cuantía anual principal del cargo |
| 2020 | 123.535,92 € |
| 2021 | 124.647,72 € |
| 2022, tras la actualización | 129.010,44 € |
Son cantidades brutas anuales del cargo, anteriores a la antigüedad y a otras cuantías adicionales previstas legalmente. No son sus nóminas personales. En 2020 y 2022, además, solo ocupó la jefatura durante parte del año. No procede adjudicarle tres anualidades completas.
Para fiscal de Sala, las tablas de Hacienda permiten reconstruir estas referencias anuales, antes de antigüedad y otros conceptos personales:
| Año | Referencia anual de la categoría |
| 2022 | 136.444,84 € |
| 2023 | 141.220,38 € |
| 2024 | 144.750,90 € |
| 2025 | 148.369,62 € |
| 2026 | 150.595,20 € |
El cálculo de 2026 suma 133.740 euros del bloque principal y dos cuantías adicionales de 8.427,60, previstas aparte. No vuelve a añadir dos mensualidades del sueldo base, que ya están incluidas. Estas referencias no acreditan cobros personales: faltan las liquidaciones y los posibles ajustes derivados de las anulaciones y nuevos ascensos. Tampoco se le atribuye todo 2022 ni se presenta 2026 como un ejercicio ya cobrado.
Hay otro pagador que conviene identificar: el Consejo de Estado, donde fue consejera nata por ser fiscal general. Sus páginas oficiales de 2020, 2021 y 2022 fijan un máximo mensual de 974,16 euros por asistencia al Pleno, condicionado a celebrarse la sesión y asistir. La tarifa está documentada; sus liquidaciones nominales, no. Multiplicarla alegremente por los meses del cargo sería cambiar una factura por una calculadora.
En viajes, Libre Mercado atribuyó a una respuesta de Fiscalía un total de 19.564,44 euros durante su etapa de fiscal general. No he recuperado la respuesta original ni el detalle nominal: queda como cifra atribuida, sin sumar al saldo acreditado.
La memoria de Fiscalía identifica su asistencia al homenaje en Mauthausen del 5 de mayo de 2025, pero no su liquidación de viaje. Tampoco hay documentación suficiente para asignarle indemnizaciones de cese, pensiones o el coste individual de vehículos, seguridad y personal. Falta además una relación completa de otros ingresos compatibles. No documentado significa pendiente, no gratuito. El presupuesto de toda la Fiscalía tampoco es su factura particular.
Por tanto, el coste público total de Delgado sigue siendo no determinado. El expediente conserva los años, los pagadores identificados, las referencias legales y los subtotales que sí pueden compararse. Sería más vistoso rematar con un millón redondo. También sería inventárselo.
La confianza tiene que rendir cuentas
Sánchez contó con Delgado como ministra y eligió proponerla para dirigir la Fiscalía. Ella aportó experiencia profesional y asumió responsabilidades políticas de su Gobierno. Después, su carrera quedó atravesada por decisiones de promoción que los tribunales han resuelto de maneras distintas: una anulación por desviación de poder, un nombramiento rehecho y respaldado, y una elección suya corregida primero por el Supremo y después amparada por el Constitucional.
La Fiscalía dispone de garantías concretas. El Estatuto, artículos 8, 27 y 28, permite al Gobierno pedir actuaciones en defensa del interés público, pero exige que el fiscal general resuelva razonadamente sobre su procedencia, tras oír a la Junta de Fiscales de Sala.
Un fiscal puede objetar por escrito una instrucción que considere ilegal o improcedente. Si el superior la mantiene, debe ratificarla por escrito razonado y relevar expresamente al fiscal de las responsabilidades que pudieran derivarse de cumplirla, o encargar el asunto a otro fiscal. Ante un conflicto personal, debe apartarse. La jerarquía interna no autoriza la obediencia a un partido.
Nuestra exigencia puede ser muy concreta: nombramientos que expliquen la elección frente a los demás candidatos, conflictos identificados y tratados, decisiones revisables y una cuenta económica que pueda seguirse sin perseguir archivos desaparecidos.
Delgado tenía méritos para que su carrera no dependiera de que nadie le arreglase la salida. Precisamente por eso resulta más criticable que se utilizase una plaza pública con esa finalidad, como apreció el Supremo. Las instituciones merecen profesionales competentes. Los profesionales competentes no deberían necesitar que la confianza les haga de escalafón.
En la próxima entrega, Baltasar Garzón: de la Audiencia Nacional a la abogacía y las fundaciones. Examinaremos su trayectoria, sus decisiones, sus relaciones documentadas con el poder y sus actividades posteriores. Con las mismas preguntas: qué hizo por Sánchez, qué hizo por nosotros y cuánto nos costó. Gastos aparte.
Jose Navarro ✶











