El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), Cristóbal Aguado, reclamó hoy, durante su intervención en la comisión sobre la DANA en el Senado, que “las ayudas lleguen rápidamente a todos los agricultores y ganaderos damnificados, sin discriminaciones ni trabas burocráticas, y que se reparen y construyan todas las infraestructuras hidráulicas que son necesarias para minimizar las pérdidas ante futuras riadas no solo en el territorio afectado por la DANA, sino en toda la cuenca mediterránea”.
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El dirigente agrario empezó su comparecencia afirmando que “en una catástrofe de estas dimensiones tan extraordinarias pueden producirse errores y si los ha habido, quien corresponde ya dirá lo que tenga que decir.
La prioridad ahora mismo es acelerar la recuperación al máximo y realizar aquellas infraestructuras hidráulicas que este fenómeno ha demostrado que hacen falta y que, si no están hechas todavía, hay que hacerlas para evitar tantos daños materiales y vidas humanas”.
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Tras cifrar las pérdidas del sector agrario de la Comunitat Valenciana en 1.380 millones de euros a causa de la DANA, Aguado criticó que “las ayudas pagadas a los agricultores cinco meses después cubren una mínima parte de los daños totales.
El apoyo al campo está siendo insuficiente, discriminatorio y lento. Por ejemplo, las ayudas directas para autónomos han dejado fuera a la gran mayoría de los agricultores valencianos que o son jubilados o trabajan en la agricultura a tiempo parcial. Incluso hay autónomos que no han cobrado esta ayuda porque no estaban inscritos en el Censo de Empresarios Profesionales y Retenedores, un trámite que nadie les había pedido antes para su actividad profesional.
De igual manera, las ayudas para compensar la pérdida de renta han excluido a los que no estaban inscritos a fecha 28 de octubre de 2024 en el Registro de Explotaciones Agrarias (REA) y a aquellos casos en los que no constan ingresos procedentes de la actividad agraria durante los últimos años”.
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Por ello, además de extender las ayudas a todos los productores afectados, Aguado exigió al Gobierno que, tal como permite el reglamento comunitario en su artículo 1 punto 9, complemente las ayudas concedidas por la Unión Europea con hasta un 200% de ayudas nacionales. Asimismo, reiteró al gobierno que eleve, con carácter retroactivo, la cuantía máxima de las ayudas de minimis de 25.000 a 50.000 euros, tal como adoptó el reglamento de la Comisión del 10 de diciembre.
En cuanto a las reparaciones de infraestructuras y explotaciones siniestradas por las lluvias torrenciales, Aguado alertó que “las máquinas de Tragsa aún no han entrado en la mayoría de los campos afectados, en muchos casos ni siquiera han contactado y ni mucho menos han llegado los ingenieros para hacer las peritaciones. A este ritmo, habrá problemas para llevar a buen puerto las próximas cosechas y las pérdidas no harán más que aumentar”. En este sentido, el presidente de AVA-ASAJA subrayó la necesidad de que “el Gobierno ofrezca la opción a los propietarios que así lo deseen de abonarles una compensación con la cantidad económica peritada por Tragsa para que ellos mismos, de manera directa o contratando a terceros, se encarguen de agilizar las reparaciones necesarias”.
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Otra propuesta lanzada por Aguado fue expropiar las parcelas situadas junto a cauces y barrancos que han quedado arrasadas: “En lugar de destinar ingentes fondos públicos a restaurar estos terrenos que podrían volver a sufrir graves daños en futuras riadas, sería más inteligente aprobar una línea de ayuda para expropiar. Así, la Administración ahorraría, los barrancos y ríos tendrían la anchura adecuada y los propietarios recibirían una compensación suficiente para poner en marcha otra explotación en un área no inundable”.
Finalmente, Aguado consideró “inaplazable un replanteamiento de las políticas hidrológicas y medioambientales del Gobierno”.
En concreto, urgió a reparar infraestructuras dañadas como los embalses de Forata y Buseo, el pantanillo de Llombai, el barranco del Poyo y todos sus afluentes. En cuanto a las obras nuevas, destacó la construcción de las presas de Vilamarxant y Montesa, una alternativa a la presa del Marquesat en el río Magro y río Sellent, canalizaciones desde las desembocaduras de los ríos de aguas sobrantes a cabecera y autopistas del agua. Paralelamente, exigió una “mayor limpieza de los cauces y barrancos, en lugar de multar a los agricultores que quitan cañas para darles un uso tradicional, a fin de dar salida apropiada a los caudales súbitos y atenuar desbordamientos”.
