La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) arremete contra el Gobierno español por denegar la autorización excepcional de la materia activa profoxydim, que se emplea como herbicida en el cultivo del arroz contra las malas hierbas Echinochloa y Leptochloa, a pesar de que esa misma sustancia sí ha sido autorizada esta campaña por los gobiernos de Italia y de Portugal.
El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, considera “inaudito que nuestro Gobierno, con la ministra de Intransigencia Ecológica Teresa Ribera como enemiga número uno del campo español y con el ministro de Agricultura Luis Planas como vulgar cómplice de sus atropellos, siga empeñado en legislar por ideología pseudoecologista.
Si dos países europeos como Italia y Portugal, con unas particularidades climáticas y agronómicas tan similares a las de España, han dado luz verde a la autorización excepcional de esta materia activa, nuestro Gobierno debería explicar por qué motivo no lo autoriza también.
Una vez más su filosofía nos resta competitividad, lo que va a causar un encarecimiento de los costes de producción y, por tanto, del precio de nuestro arroz y un abandono de las explotaciones que, en este caso, pone en peligro la preservación de parques naturales de gran valor medioambiental como La Albufera y la Marjal de Pego-Oliva”.
El responsable de la sectorial del arroz, José Pascual Fortea, afirma que “las malas hierbas se han convertido en un problema extraordinario para los arroceros a medida que nuestros políticos han ido prohibiendo el uso de cada vez más materias fitosanitarias. En 2021 el Ministerio de Agricultura dio marcha atrás a la autorización excepcional de productos fitosanitarios a base de propanil, la materia más eficaz frente a las malas hierbas en el arroz, y ahora complica aún más la viabilidad del cultivo con la denegación del profoxydim.
Esta decisión, ya por sí misma negativa, nos resulta especialmente indignante porque sí se sigue permitiendo no sólo en los países terceros, que siempre son una competencia desleal, sino también en los países vecinos de la Unión Europea que cumplen la misma legislación fitosanitaria que nosotros”.
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A este respecto, el Gobierno francés acaba de anunciar que dejará de añadir prohibiciones de materias fitosanitarias a las que imponga la UE.
Asimismo, Francia no aplicará nuevas prohibiciones a menos que se ofrezca una alternativa a los agricultores, es decir, un producto o una práctica que sea equivalente en términos de eficacia que el tratamiento que tenga que ser suprimido. “Parece que los políticos españoles quieren ser más papistas que el papa e ir más allá de lo que impone la normativa europea, el problema es que se están quedando solos en su error y lo pagaremos los españoles, tanto los productores como los consumidores”, concluye Aguado.
