La consellera presenta ante los operadores jurídicos el decreto del reglamento que desarrolla la Ley de Mediación, que garantiza la gratuidad del servicio en todas las jurisdicciones
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha defendido que la mediación podría resolver más de 5.000 de los 266.153 asuntos pendientes. Esta es la cantidad que los juzgados valencianos acumulan en el primer trimestre de 2021, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
Esta vía permitiría acortar los plazos para la resolución de conflictos. Se ahorrarán los 6,4 millones que costaría celebrar estos juicios, según Bravo.
Así lo ha explicado la consellera en la presentación del Decreto del Reglamento de la Mediación que desarrolla la ley valenciana aprobada en 2018. Entre otras novedades, garantiza la gratuidad del servicio en todas las jurisdicciones. La consellera ha visitado las instalaciones del nuevo Centro de Mediación ubicado en el vestíbulo de la Ciudad de la Justicia de Valencia. Ha supuesto una inversión de más de 400.000 euros.
Gabriela Bravo ha explicado que la Comunitat Valenciana «sigue dando pasos para consolidar la mediación como una de las alternativas a la resolución de controversias». Puede ser «una vía complementaria que ayude a aligerar la carga de trabajo de los juzgados. Así permitirá a la ciudadanía tener una solución menos costosa para resolver sus controversias».
La consellera ha recordado que si la vía judicial tarda entre 10 y 14 meses en resolver los asuntos, por la vía de la mediación, el plazo se reduce a tres
Con el apoyo a la mediación, «el Consell no pretende sólo acortar tiempos. Pretende aligerar el número de asuntos que hay pendientes en los juzgados u ofrecer una alternativa más económica». También que la ciudadanía «piense también en diálogo cuando se enfrenta a la resolución de un conflicto».
La Generalitat, a través de la Ley y el Reglamento, «pone los medios para llevar a cabo la mediación en todo tipo de controversias». La Valenciana es «la única comunidad que posibilita en todas las jurisdicciones esta vía de resolución de conflictos». Fomentará la calidad de la actividad mediadora a través de un sello de calidad. También garantizará su acceso a través de la mediación gratuita.
El Decreto regula la mediación gratuita. La equipara a la justicia gratuita, así, la ciudadanía pueda acceder en igualdad de condiciones a cualquiera de las dos vías de resolución de conflictos: litigio o mediación.
Los beneficiarios y beneficiarias de la mediación gratuita serán las personas con escasos recursos económicos
También personas con discapacidad o quienes tengan reconocida la condición de víctima del delito. «La Comunitat Valenciana vuelve a ser pionera. Incluyendo a estos dos colectivos entre las personas que podrán optar por la mediación gratuita».
El decreto también garantiza la excelencia y la calidad de los servicios de mediación. Se regula un sello de calidad que acreditará a entidades y profesionales de la mediación. Para Gabriela Bravo, esta medida «es fundamental para que la ciudadanía confíe en la Mediación como una alternativa con todas las garantías necesarias para resolver sus conflictos».
La Comunitat Valenciana está entre las primeras autonomías en mediación intrajudicial. «Nuestra aspiración como gobierno es hacer una Comunitat Valenciana más justa. Que sea una justicia donde el diálogo tenga cada vez más peso», ha dicho la consellera.
Según Bravo, para ello, «herramientas como el Reglamento de Mediación son fundamentales. No sólo porque pueden propiciar un cambio de visión en la ciudadanía, para que perciba la justicia como una administración más próxima y amable. Sino porque a través de la mediación estamos fomentando la convivencia y el entendimiento. En definitiva, promovemos valores democráticos como el diálogo y el consenso».
