El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, ha trasladado a la alcaldesa de Puçol, María Paz Carceller, el resultado de la negociación llevada a cabo desde la Conselleria con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Por el que se prorrogará «el tiempo que sea necesario» los contratos de alquiler de las 27 familias que residen en viviendas de su propiedad en este municipio.
Así se le ha comunicado a la representante municipal en la reunión de trabajo que el titular de Vivienda ha mantenido con ella. Y, posteriormente a las vecinas y vecinos. «Ninguna familia puede quedarse sin un techo. Mucho menos en este contexto de pandemia «, ha asegurado Martínez Dalmau.
Por ese motivo, al igual que se ha hecho en casos similares, «hemos establecido conversaciones con la Sareb para asegurarnos que no se produzca ningún desahucio sin alternativa habitacional. Con especial énfasis en los casos más vulnerables que hay en el edificio», ha explicado el vicepresidente.
Un precio de alquiler muy poco asequible
El bloque de 37 viviendas está situado en la calle els Ports. Y, actualmente, residen 27 familias en régimen de alquiler. Con una renta entre los 300 y 400 euros. El pasado mes de julio, la Sareb compró la finca y comunicó a las vecinas y vecinos un aumento en la cuota del alquiler. Que la gran mayoría no pudieron aceptar por no ser asequible a sus circunstancias. Los residentes pidieron a la Sareb un contrato de alquiler con opción de compra para poder seguir viviendo en las casas. Pero no alcanzaron un acuerdo.
Martínez Dalmau ha destacado la importancia que está teniendo la colaboración. Tanto con la Sareb como con el Ayuntamiento de Puçol. Con el objetivo de ofrecer una solución a las familias afectadas. En la reunión también han participado el secretario autonómico de Vivienda y Función Social, César Jiménez, la directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris, el concejal de Bienestar Social, José María Esteve, y la concejala de Urbanismo, Elena Camarero.
En las últimas semanas, desde la Vicepresidencia Segunda se ha ofrecido asesoramiento jurídico a las familias afectadas. Y, en ese sentido, César Jiménez y Pura Peris han destacado que desde la Conselleria «hemos decidido reforzar este tipo de apoyo a las familias con la creación de la Unidad antidesahucios que contempla también servicios de atención social».
430 casos de emergencia
Martínez Dalmau ha recordado que desde el inicio de su gestión al frente de Vivienda se ha trabajado para ofrecer todo el apoyo institucional que fuera posible a las familias afectadas por casos de emergencia habitacional. Junto a las familias de Puçol, la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática ha atendido más de cuatrocientos casos similares.
Aun así, el vicepresidente ha declarado que «la emergencia habitacional que sufrimos a causa de la mercantilización de la vivienda no puede solucionarse solo con mecanismos extraordinarios«. Y ha indicado que «hacen falta soluciones de carácter estructural que erosionen la influencia de los especuladores sobre los inmuebles». En este sentido, ha explicado que el equipo de la Conselleria trabaja día tras día para ampliar el parque público de viviendas de la Generalitat.
