Desencuentros ¿insalvables? entre Ribó y Sandra Gómez
Los desencuentros de los socios de gobierno del Ayuntamiento de Valencia cada día son mayores y de más calado. Así, el último tiene que ver con la opción de que los Ayuntamientos “entreguen” sus remanentes contables para financiar al Estado a corto plazo. Esta entrega “voluntaria” de fondos está siendo muy controvertida desde que el Gobierno negoció con la Federación Española de Municipios y provincias, parece de espaldas a los Consistorios Municipales.
El PSPV y Compromís con ideas completamente opuestas
Sandra Gómez, portavoz del PSPV y vicealcaldesa aboga por acogerse a la ley estatal y justifica sus beneficios para Valencia, como hace el nuevo concejal de Hacienda, exasesor de la propia Gómez y también del PSPV .
Borja Sanjuán, el nuevo concejal de Hacienda en Twitter informa de las “bondades” del plan del gobierno y justifica esas entregas “voluntarias” a cuentas por su rentabilidad futura.
La estrategia del PSPV es afirmar que si Valencia no se coge a este mecanismo del Estado, será porque “Ribó prefiere pagar a los bancos”. Ya que con la ley Montoro de estabilización presupuestaria de las Administraciones Públicas, la mayoría del remanente sirve para amortizar deuda a los bancos.
Esta amortización ya se ha dado este mismo año con más de 30 millones de auros, con el apoyo de Compromís y del PSPV también.
Por el contrario, Ribó se suma al acuerdo al que han llegado 30 ciudades españolas de no entregar sus ahorros al Estado. Ya que consideran que ese dinero debe ser para los ciudadanos de sus respectivas ciudades y es fruto de los impuestos y tasas municipales, por ello, justifican no ha de servir para financiar al Estado.
¿Cómo funciona el mecanismo diseñado por el Estado?
Este mecanismo propone entregar la mayoría del remanente de tesorería de los Ayuntamientos, que en el caso de Valencia sería una cantidad aproximada de más de 36 millones de euros este 2020.
El Estado también incautaría ese remanente en 2021 y propone el realizar un fondo para ayudas directas a los Ayuntamientos de unos 800 millones de euros para ayudas a los Ayuntamientos que se acojan. Posteriormente, el Estado devolvería ese dinero a las entidades locales en un plazo de 15 años.
Este dilema entre entregar el dinero y quedarnos “en cueros” y aún así destinar el poco remanente a pagar deuda o dejarlos en caja, pero destinarlos para amortizar deuda de forma más rápida es como escoger entre susto o muerte. La realidad es que en palabras del nuevo concejal de Hacienda, la caída de ingresos del Ayuntamiento para 2020 ya la cifra en 60 millones de euros. Tras haber además agotado ya casi el 20% del remanente que había en ayudas por motivos del COVID.
Tras el “impuestazo del agua o del IBI” se han recaudado más de 30 millones extra
Todo esto se produce en un entorno de subida generalizada de impuestos y tasas municipales, que ha logrado recaudar más de 30 millones de euros más que años anteriores.
Al final, el ciudadano de a pié nos sentimos como una marioneta en manos de nuestros políticos gobernantes que siempre deciden por nosotros sin previa consulta, creyendo que gobernar les da un cheque en blanco para 4 años. Algo no funciona.
