En el último año y medio, gracias a la labor inspectora de las áreas de Urbanismo y Policía Local, el Ayuntamiento de Valencia ha clausurado más de 1.000 apartamentos turísticos ilegales.
Además, la actual corporación municipal ha impulsado una moratoria en la concesión de licencias de viviendas de uso turístico en todos los distritos de la ciudad mientras se aprueba una nueva normativa reguladora, que será “la más restrictiva de España”, según ha avanzado el consistorio.
Refuerzo de la inspección y control de la actividad
El concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, ha destacado que “estamos combatiendo el problema social que generan los apartamentos turísticos ilegales con acciones y determinación, elaborando una normativa que, desde la seguridad jurídica, ponga freno a su proliferación”.
Giner ha recordado que, “frente a la parálisis de los gobiernos de izquierda durante ocho años, hemos puesto en marcha cinco grupos de inspectores de Obras y Licencias y siete grupos de Policía Local para rastrear toda la ciudad y detectar la actividad irregular”.
Estas unidades se encargan de inspeccionar inmuebles, emitir órdenes de cese de actividad y ejecutar clausuras cuando se detecta explotación turística sin autorización.
Incremento del 738 % en las denuncias a apartamentos turísticos
La División Territorial de la Policía Local de Valencia, que coordina las siete comisarías de proximidad, ha incrementado en un 738 % las actas-denuncia a pisos turísticos respecto a años anteriores.
En el último año y medio se han realizado más de 800 actas de inspección, la mayoría “por carecer del título habilitante para ejercer dicha actividad”.
En comparación, en 2023 se registraron 84 denuncias y en 2022, 73, mientras que en este periodo se han superado las 700 denuncias.
Protocolo conjunto entre Policía Local y Urbanismo
La División Territorial Operativa de la Policía Local, en coordinación con el Servicio de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento, ha establecido un protocolo de actuación para unificar los procedimientos de control.
Cuando se recibe una reclamación, los agentes acuden al lugar, identifican a los ocupantes y la plataforma de reserva, y verifican si la vivienda está legalizada.
En caso contrario, se redacta un acta-denuncia y, a través del IBI, se localiza al titular del inmueble para iniciar el expediente sancionador.
Moratoria y antecedentes del fenómeno
El Ayuntamiento mantiene en vigor la moratoria de licencias mientras se aprueba la nueva normativa urbanística, que incluirá cuatro niveles de control para evitar el crecimiento descontrolado de pisos turísticos y proteger el derecho a la vivienda.
Según los datos municipales, la proliferación de apartamentos turísticos comenzó en 2015, durante el gobierno anterior, cuando se registraron más de 4.500 nuevas altas.
En 2018, además, se modificó el planeamiento urbanístico para permitir apartamentos turísticos en bajos comerciales, algo que antes estaba prohibido.
