La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y La Logística (FVET) ha pedido al Ayuntamiento de València que el futuro modelo de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) tenga presente las operativas del sector que se realizan en esa área. La restricción de acceso en función del etiquetado medioambiental del vehículo afectará principalmente a los servicios de mudanzas, de distribución urbana de mercancías y a las operativas de grúas. Unos subsectores que representan, según la Federación, el 25% de las empresas transportistas valencianas asociadas.
Tras las ZBE de Madrid y Barcelona, ha llegado la hora de ciudades de toda España de más de 50.000 habitantes entre las que se encuentra Valencia, tal y como se estipula en la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética. “El transporte que opera en Valencia ya se ha visto penalizado por la remodelación del casco antiguo. Ahora, mientras se está definiendo el modelo de ZBE, pedimos que se considere nuestra actividad que, entre otras cosas, permite abastecer de medicamentos, alimentos y otros productos de primera necesidad a particulares y a empresas”, afirma Carlos Prades, presidente de FVET.
Periodo de transición hacia las 0 emisiones
La ZBE está previsto que se implante en Valencia en 2023, pero todavía no está definido el modelo. Independientemente que se establezca la prohibición absoluta de acceso en función del etiquetado medioambiental del vehículo o la limitación de acceso y el pago de una tasa conforme al nivel de emisiones. Desde la Federación insisten en la necesidad de dotar al transporte de una infraestructura adecuada para poder realizar eficazmente las operativas en esta zona. En concreto, reclaman ampliar las plazas de uso exclusivo para carga y descarga de la mercancía. Además de que puedan ser monitorizadas por los transportistas para controlar su disponibilidad y tiempo de utilización.
También demandan más recursos para la renovación de flotas. “Es imprescindible fijar un periodo de transición para renovar las flotas y, en paralelo, incrementar las ayudas para las empresas que tienen dificultades para realizar la transición. Las grúas y los vehículos que realizan mudanzas o proveen de suministros a hoteles, restaurantes y cafeterías tienen ciclos de renovación muy largos. Actualmente, el gas o los vehículos eléctricos tienen escasa implantación en el mercado de vehículos pesados, a lo que se suma las demoras de hasta un año en la entrega”, explica el presidente.
La inversión en una grúa, amortizada en 7 años
El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios de Grúas, Fran Alapont, advierte de las dificultades que tiene este tipo de transporte para renovar las flotas. “El plazo de amortización de la inversión de una grúa es superior a 7 años. Pensar que puede haber una normativa que dificulte la entrada a la ciudad de estos vehículos en un horizonte inferior a esos 8 o 10 años nos parece una barbaridad, más aún cuando no tenemos una alternativa viable a los motores diésel EURO 6 de última generación. Los motores eléctricos no parecen ser, en estos momentos, una solución eficaz para los vehículos pesados, el gas está disparado y hablar de hidrógeno hoy es ciencia ficción”, asegura Alapont.
FVET se ha puesto a disposición del Ayuntamiento de Valencia para poder trabajar en un proyecto que conjugue la reducción del impacto medioambiental y las necesidades del transporte en la capital del Turia.
