Julia Climent lamenta los retrasos en la instalación de las cámaras en monumentos BIC y exige una mayor celeridad ante el aumento de los actos vandálicos contra nuestro patrimonio
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Más de tres años después de anunciarse la instalación de las cámaras, éstas continúan sin estar operativas.
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Los populares presentarán una moción a la próxima Comisión de Cultura instando al Ayuntamiento de Valencia a acelerar la puesta en marcha de las 43 videocámaras previstas.
La concejala del Grupo Municipal Popular, Julia Climent, denuncia que, más de tres años después de anunciarse su instalación, en enero de 2018, siguen sin estar operativas las cámaras de vigilancia previstas en los siete edificios BIC adscritos a la Concejalía de Patrimonio y Recursos Culturales, a saber, la Lonja de la Seda, las Torres de Serranos, las Torres de Quart, las Atarazanas, el Almudín, el Palacio de Cervelló y el Museo de la Ciudad.
A la vista de lo anterior, los populares presentarán a la Comisión de Cultura que se celebrará el próximo 22 de julio una moción instando al Ayuntamiento de Valencia a agilizar la puesta en marcha de las antedichas videocámaras, así como a avanzar en su implantación paulatina en el resto de monumentos y edificios protegidos de propiedad municipal.
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El Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana acordaron en enero de 2018 la colocación de varias cámaras de video vigilancia en las inmediaciones de los principales monumentos de la ciudad, tras producirse un nuevo acto vandálico en la Lonja de la Seda.
A tal efecto, ese mismo año se encargó a la Sección de Obras del Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico la elaboración del proyecto técnico de obras para la instalación de las referidas videocámaras. El proyecto fue aprobado el 17 de mayo de 2019 por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, previa autorización de la Delegación del Gobierno y de la Dirección General de Cultura y Patrimonio. Estos permisos se obtuvieron el 1 de febrero y el 4 de abril de 2019, respectivamente.
Como señala Julia Climent, desde la aprobación del proyecto técnico, los retrasos han sido, por desgracia, una constante. Durante el proceso de contratación, Intervención Municipal detectó diversos errores formales en el pliego de condiciones, cuya subsanación postergó ostensiblemente la adjudicación del contrato de ejecución de las obras para la instalación de las videocámaras.
A la luz de lo anterior, el Ayuntamiento de Valencia se vio obligado a principios de 2020 a pedir una nueva prórroga a la Delegación del Gobierno para ampliar a otro año más el plazo para su puesta en marcha. Este plazo, que finalizaba el pasado 18 de enero, se ha vuelto a incumplir como consecuencia de nuevos retrasos. Así, el pasado 14 de mayo la Junta de Gobierno Local aprobó una nueva prórroga a la empresa encargada de la colocación de las cámaras de vigilancia.
Se trata de la segunda ampliación del plazo por causas no imputables al contratista. Entre dichas razones, se encuentran la tardanza en la tramitación de la solicitud de aprobación del permiso para la intervención en zonas de protección arqueológica solicitado a la Conselleria de Cultura o la coincidencia en el tiempo de estos trabajos con las obras de peatonalización de la Plaza del Mercado.
A la luz de lo anterior, los populares presentarán una iniciativa a la Comisión de Cultura que se celebrará el próximo 22 de julio, instando al Ayuntamiento de Valencia a acelerar la puesta en marcha de las 43 cámaras de vigilancia previstas, así como a avanzar en su implantación progresiva en el resto de monumentos y edificios protegidos de propiedad municipal.
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“Es fundamental que éstas entren en funcionamiento cuanto antes, a fin de prevenir nuevos actos vandálicos y de identificar, de producirse, a sus presuntos infractores»
Cada día que pasa sin estos dispositivos es una oportunidad más para la comisión, con total impunidad, de nuevas agresiones contra el patrimonio de todos los valencianos”, ha manifestado Julia Climent.
“Desde el Grupo Municipal Popular, consideramos que la instalación de las videocámaras constituye una medida necesaria, pero absolutamente insuficiente, al dejar fuera al resto de Bienes de Interés Cultural existentes en la ciudad, así como a los edificios declarados Bien de Relevancia Local, que quedan, todos ellos, excluidos”, ha aseverado.
Como denuncia la edil popular, en los últimos tiempos se ha incrementado alarmantemente el número de agresiones y pintadas realizadas en los principales monumentos de la ciudad, como la Catedral, la Lonja de la Seda, las Torres de Serranos, las Torres de Quart, los puentes históricos, los pretiles del río, el refugio antiaéreo de la Calle Serranos, las Atarazanas o las distintas alquerías.
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“No lo decimos sólo nosotros, sino también el propio Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico, que así lo reconoce en su informe de necesidad de la contratación, de 19 de septiembre de 2019”.
En concreto, este informe afirma que “durante los últimos años se ha producido un incremento de los actos vandálicos en los monumentos y patrimonio histórico protegido. Una de las medidas que pueden evitar estos actos es extremar la vigilancia de los bienes más emblemáticos a fin de disuadir y, en su caso, localizar a los sujetos que los realizan y acometer acciones legales contra ellos […]”.
Además de no estar todavía operativas las cámaras, mientras se incrementan las agresiones contra nuestro patrimonio, el Gobierno municipal sigue sin reparar los daños causados hace varios años en las Torres de Serranos o en las naves del Parque Central.
Como recuerda la concejala Julia Climent, en el año 2018 las puertas de las Torres de Serranos sufrieron un pequeño conato de incendio intencionado, quedando totalmente calcinadas. Asimismo, gran parte de los ventanales de la nave principal del Parque Central se encuentran desde octubre de 2019 completamente rotos, sin que el equipo de gobierno haya procedido hasta ahora a su sustitución.
“Desde el Grupo Municipal Popular, echamos en falta una mayor contundencia en la persecución de estos comportamientos incívicos; la aprobación de un plan especial de lucha contra el vandalismo, como tienen otras ciudades españolas; así como un mayor hincapié en las políticas de concienciación y de educación patrimonial. El Ayuntamiento de Valencia no puede mostrarse impasible o ponerse de perfil ante este tipo de conductas”, ha concluido Julia Climent.
