Hace dos años comenzó el proceso de revisión de una normativa que regulaba de manera uniforme las condiciones laborales de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud. Esta norma, considerada obsoleta, necesita actualizarse para afrontar el creciente deterioro del sistema sanitario, agravado por el descontento de los profesionales debido a unas condiciones laborales cada vez más precarias.
El objetivo inicial era claro: modernizar la legislación para mejorar las condiciones laborales y, con ello, recuperar la confianza del colectivo médico. Sin embargo, el resultado final, plasmado en el borrador de Estatuto Marco propuesto por Mónica García, ha generado una ola de rechazo. Este texto, lejos de abordar las demandas del sector, introduce medidas que afectan negativamente a la profesión médica, dejando a los médicos en una situación aún más vulnerable.
¿Quiénes han mostrado su rechazo?
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que agrupa a los Sindicatos Médicos de 14 comunidades autónomas y los territorios dependientes de INGESA, junto con el Sindicato Médico Andaluz (SMA), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), Metges de Catalunya, el Sindicato Médico de Euskadi (SME), el Sindicato O’Mega de Galicia, el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias, la Asociación MIR España, la Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos (MUD Médicos), el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), el Foro de la Profesión Médica, y diversas otras agrupaciones y sociedades médicas que defienden los derechos del personal facultativo en España.
Medidas polémicas: ¿soluciones o retrocesos?
Una de las medidas más polémicas, y que finalmente será retirada según ha indicado el Ministerio, es la obligación de que los médicos internos residentes (MIR) trabajen en la sanidad pública durante los primeros cinco años tras su formación. Esta medida lejos de incentivar la permanencia de los MIR empuja a los profesionales más jóvenes a buscar otras salidas laborales, incluso fuera de España.
Otro punto controvertido es la prohibición para los jefes de servicio de compaginar su actividad profesional en la sanidad pública con trabajos en el sector privado. Según el borrador, los médicos deberán elegir entre una de las dos opciones, limitando su libertad laboral y profesional.
El texto tampoco aborda uno de los problemas históricos del colectivo: la obligatoriedad de realizar guardias, que continúan sin ser eliminadas ni reconocidas como tiempo trabajado de cara a la jubilación. Además, la jornada laboral propuesta impone a los médicos una carga de trabajo obligatoria de 48 horas semanales, con la posibilidad de sumar hasta 150 horas adicionales al año. Esto contrasta con la jornada de 35 horas que se plantea para otros colectivos sanitarios.
Las condiciones para las guardias tampoco mejoran. El borrador mantiene jornadas obligatorias de hasta 17 horas consecutivas, incluso en horario nocturno, a precios que son inferiores a los de una hora ordinaria de trabajo. En los días festivos, las guardias siguen siendo de 24 horas completas, mientras que el tiempo de descanso tras estas largas jornadas apenas llega a las 36 horas continuas cada dos semanas, en contraste con las 60 horas de descanso semanal que disfrutan otros profesionales del sistema.
Otro aspecto que ha generado indignación es la falta de reconocimiento a la alta cualificación de los médicos. Pese a los seis años de formación universitaria (360 créditos académicos) y la enorme responsabilidad que implica su trabajo, el borrador los agrupa en la misma categoría profesional que a otros trabajadores sanitarios con menores requisitos académicos. Además, este cambio no incluye ajustes salariales proporcionales, lo que agrava el malestar en un colectivo ya descontento por la falta de equiparación salarial a comparación con otros países europeos.
El llamado urgente: un Estatuto de la Profesión Médica
Ante esta situación el colectivo médico ha dejado claro que la solución a sus demandas pasa por la creación de un Estatuto de la Profesión Médica, que regule de forma específica sus condiciones laborales.
Los profesionales de la salud consideran que este estatuto debe reconocer las particularidades de su labor, incluyendo su extensa formación, la carga de responsabilidad que asumen y las características únicas de su jornada laboral. Además, subrayan la necesidad de reformar aspectos clave como la regulación de las guardias y los descansos, así como de mejorar su clasificación profesional y las retribuciones económicas.
El reciente borrador del Estatuto Marco, lejos de resolver estas cuestiones, ha generado un rechazo unánime dentro del sector. Los médicos consideran que este documento no solo no aborda sus principales preocupaciones, sino que incluso puede empeorar su situación. Como respuesta, han anunciado movilizaciones y medidas de protesta, alzando la voz en defensa de sus derechos laborales y exigiendo cambios que consideran imprescindibles para el futuro de la profesión.
