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La consellera de Justicia inaugura la jornada organizada por el Colegio de Notarios de Valencia para analizar la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia
La Consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha reivindicado coordinación y recursos financieros al Gobierno central para implementar la nueva Ley Orgánica 1/2025 y ha demandado responsabilidad instititucional al ministro de Justicia, Félix Bolaños, para coordinar los cambios organizativos que se deriven ante la ejecución de dicha norma.
Martínez se ha pronunciado en estos términos durante la inauguración de la Jornada ‘Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia’, organizada por el Colegio de Notarios de Valencia y el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia para reunir a expertos y analizar esta nueva norma que entrará en vigor mañana, 3 de abril.
“La ley se aplica sin los recursos necesarios ni coordinación con las autonomías, poniendo en riesgo la equidad en el acceso a la Justicia”, ha remarcado.
“Detectamos una falta de compromiso por parte del Ministerio ante la implementación de esta nueva norma, que producirá grandes cambios en la organización y la estructura judicial. Si no se nos proporcionan los recursos necesarios podemos sufrir el colapso de los tribunales”, ha asegurado la consellera Martínez.
La mediación en la Ley Orgánica 1/2025
Esta nueva ley de eficiencia en el servicio público de Justicia introduce importantes modificaciones tanto en el ámbito organizativo como procesal, con la creación de los tribunales de instancia, las oficinas de justicia o la introducción de medios adecuados de solución de controversias como requisito de procedibilidad en procedimientos civiles y mercantiles.
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La Ley Orgánica 1/2025 regula los Medios Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), como la mediación, la conciliación, la oferta vinculante confidencial, la opinión de expertos y el derecho colaborativo.
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La Ley busca modernizar el sistema judicial, optimizando su funcionamiento y reduciendo la sobrecarga en los tribunales.
Con la implementación de nuevas estructuras, como los tribunales de instancia y las oficinas de justicia, se pretende agilizar los procedimientos y garantizar un acceso más equitativo a la justicia. Además, la introducción de mecanismos alternativos de resolución de conflictos refuerza el compromiso con una justicia más eficiente y cercana a la ciudadanía, fomentando soluciones más rápidas y menos costosas para las partes involucradas.
“Es necesario apostar por medios alternativos que contribuyan a prevenir el conflicto y reducir la litigiosidad. Desde la Conselleria vamos a utilizar todos los recursos posibles -unos recursos que implican un coste económico a asumir en solitario ante la ausencia de implicación del Gobierno central- para que este cambio de paradigma que introduce la ley contribuya de verdad a hacer más ágil y eficiente el servicio público de justicia”, ha manifestado la consellera.
