El caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que ha vivido durante más de siete décadas en una vivienda del distrito madrileño de Retiro, ha terminado con el desahucio ejecutado este miércoles 23 de septiembre
La historia de María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, se remonta a 1956, cuando su padre firmó el contrato de alquiler de la vivienda situada en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro.
Se trataba de un contrato de renta antigua. Tras el fallecimiento de su padre, el contrato pasó a su madre y, posteriormente, tras la muerte de esta en 2005, a Maricarmen. Precisamente esta sucesión contractual se encuentra en el centro del conflicto judicial.
Según la documentación y las informaciones publicadas sobre el caso, la legislación aplicable a los contratos de renta antigua no permite una segunda subrogación en determinadas circunstancias. La propiedad se ha apoyado en esta cuestión para defender la finalización del contrato de Maricarmen.
La propia historia del contrato está vinculada además a una circunstancia histórica: cuando se firmó originalmente, la madre de Maricarmen no pudo figurar como titular del alquiler debido a la legislación de la época.
De los 500 euros a una renta de hasta 2.650 euros
El conflicto se agravó después de que el inmueble pasara a manos de Urbagestión Desarrollo e Inversión, sociedad que adquirió el edificio en 2018, según las informaciones publicadas sobre el caso.
Maricarmen venía pagando alrededor de 500 euros mensuales, mientras que la propiedad llegó a reclamar una renta de 2.650 euros al mes. La cantidad suponía una diferencia considerable respecto a la pensión de la mujer, situada en torno a los 1.400 euros.
Otras informaciones publicadas durante el proceso recogieron una propuesta posterior de 1.650 euros mensuales, aunque la cantidad reclamada por la propiedad en el momento del desahucio fue señalada también como 2.650 euros.
El caso ha sido descrito por distintos medios como un conflicto entre una inquilina con un contrato de renta antigua y la sociedad propietaria del inmueble, vinculada en las informaciones periodísticas a un fondo de inversión.
La intervención de Naciones Unidas
La situación de Maricarmen llegó también hasta el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.
En junio, el organismo pidió al Estado español que adoptara medidas para evitar posibles daños irreparables y que, mientras examinaba el caso, se proporcionara a la mujer una alternativa habitacional adecuada si finalmente se producía el desalojo. Naciones Unidas estableció además un plazo para que España informara de las medidas adoptadas.
La petición de la ONU no suponía una resolución definitiva sobre el conflicto judicial, sino una solicitud de medidas provisionales mientras se analizaba el caso.
Cuatro intentos de desahucio
El lanzamiento ejecutado este miércoles fue el cuarto intento de desahuciar a Maricarmen.
Los anteriores procedimientos habían sido paralizados o aplazados. Durante los últimos meses, su situación fue acompañada por movilizaciones del Sindicato de Inquilinas de Madrid y de vecinos del barrio.
En la noche previa al último lanzamiento, cientos de personas se concentraron frente al edificio de la calle Alcalde Sainz de Baranda bajo el lema «Maricarmen se queda». También participaron personas conocidas del mundo de la cultura.
Además, una donante anónima llegó a ofrecerse para pagar la diferencia entre los 500 euros que abonaba Maricarmen y la renta reclamada por la propiedad, con el objetivo de evitar el desahucio.
El último intento de negociación antes del desalojo
Durante la mañana del miércoles, la defensa de Maricarmen trató de evitar el lanzamiento mediante distintas alternativas.
Según explicó su abogada, Beatriz Duro, se planteó suspender el desahucio por razones humanitarias, esperar a la resolución de escritos presentados ante el juzgado, aceptar la oferta de una persona dispuesta a asumir parte del alquiler y conceder unos días para que las administraciones pudieran buscar una alternativa habitacional.
La defensa sostuvo que la propiedad rechazó estas opciones. También denunció que no se concedió a Maricarmen un margen suficiente para recoger sus pertenencias. La propiedad, por su parte, habría planteado que indicara una dirección a la que enviar posteriormente sus muebles.
El desahucio termina con Maricarmen en una ambulancia
Finalmente, la comisión judicial ejecutó el desahucio este miércoles 23 de septiembre.
Maricarmen abandonó la vivienda alrededor de las 13:00 horas en camilla y acompañada por efectivos sanitarios del Samur, que posteriormente la trasladaron a una ambulancia.
El desenlace se produjo mientras decenas de personas permanecían en las inmediaciones del inmueble, detrás del cordón policial, mostrando su apoyo a la mujer.
A fecha de la ejecución del desahucio, no se había concretado públicamente dónde iba a residir Maricarmen después de abandonar la vivienda.
Un caso que ha trascendido el conflicto particular
El Ayuntamiento de Madrid dispone de servicios específicos para situaciones de riesgo de pérdida de vivienda y contempla medidas como la negociación con la propiedad, aplazamientos, moratorias y alternativas habitacionales cuando concurren situaciones de vulnerabilidad.
El caso de Maricarmen, sin embargo, ha llegado a su desenlace con la ejecución del lanzamiento y abre ahora una nueva incógnita: qué alternativa habitacional tendrá la mujer de 87 años después de abandonar el hogar en el que ha vivido durante 71 años.
