La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, se ha reunido con representantes de Cruz Roja para evaluar el trabajo realizado en respuesta a la dana y reforzar la colaboración en la atención a las personas damnificadas.
En el encuentro han participado el secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales, Ignacio Grande; así como la presidenta Nacional de Cruz Roja, María del Mar Pageo; la coordinadora Nacional de Cruz Roja, María Ángeles Cacereño; y el presidente de Cruz Roja Valencia, Rafael Gandía.
Durante la reunión se ha abordado la continuidad de programas esenciales para la reconstrucción tras la dana y los cauces de cooperación entre ambos organismos. Al respecto, Susana Camarero ha reafirmado el compromiso del Consell con el tercer sector y con la ayuda a los damnificados y ha asegurado la continuidad de las medidas para “garantizar la atención a quienes más lo necesitan”.
En concreto, la consellera ha puesto de relieve la tramitación de la Ley del Voluntariado y el proceso participativo para la futura Ley del Tercer Sector, iniciativas que ha calificado “clave” para fortalecer la labor de organizaciones como Cruz Roja.
Acciones conjuntas en las zonas afectadas
La Generalitat y Cruz Roja han desplegado acciones conjuntas en las zonas que resultaron inundadas. En concreto, se ha puesto marcha el Centro de Atención Temporal Urgente (CATE) en Burjassot, donde la Generalitat ha invertido 2,6 millones de euros; se han habilitado albergues para personas en situación de vulnerabilidad, donde actualmente se atiende a 70 afectados; y se ha coordinado la entrega de productos y ayuda a domicilio para población vulnerable.
Cruz Roja ha atendido a más de 1.000 personas semanalmente, proporcionando alimentos, agua potable, abrigo, cobijo y atención sanitaria en los municipios inundados. Además, ha trabajado en la recuperación de viviendas y espacios comunitarios.
Cabe destacar que Cruz Roja, como una de las principales organizaciones de voluntariado en España, cuenta con más de 175.000 voluntarios y alrededor de 9.000 trabajadores. Su compromiso con la inclusión social ha propiciado que, desde 2019, reciba más de 53.000 euros anuales por parte de la Generalitat, que se han destinado a la inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión.
