La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha presentado alegaciones al proyecto de modificación del Reglamento General de Costas promovido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en las que solicita mayor seguridad jurídica, la aplicación de criterios técnicos objetivos y un planteamiento que compatibilice la protección ambiental con la actividad económica sostenible en el litoral.
Estas alegaciones, según ha explicado el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, parten de la convicción de que es necesaria una revisión en profundidad de la Ley de Costas de 1988. No obstante, ha señalado, “si el Ministerio sigue adelante con la modificación del reglamento esta debería primar la seguridad jurídica, especialmente en los deslindes”. En este sentido, ha subrayado que “no se puede ampliar el dominio público marítimo terrestre por un episodio extraordinario de oleaje”.
Asimismo, el director general ha defendido “la necesidad de un equilibrio real entre la protección ambiental y el desarrollo económico, el respeto a los núcleos tradicionales y, sobre todo, una cooperación leal y efectiva con todo el territorio”. Según ha indicado, “una modificación de este calado exige al menos sentarse una vez con las comunidades autónomas”, ya que la Generalitat tuvo conocimiento de la modificación del reglamento de forma indirecta.
Recurso del Gobierno contra la ley de Costas valenciana
En relación con el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno contra la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, anunciado la pasada semana para impugnar la creación de los núcleos de valor etnológico prevista en la norma autonómica, el director general ha manifestado su preocupación por esta decisión.
En este sentido, ha señalado que dicha figura “permite salvaguardar a las personas que residen en enclaves con un patrimonio singular que merece protección específica”. Además, ha insistido en que la ejecución de las actuaciones de regeneración litoral todavía pendientes contribuiría a evitar nuevos deslindes que ponen en riesgo a estos núcleos costeros.
García Manzana ha destacado también que la Generalitat mantiene su voluntad de entendimiento y que, desde la convocatoria de la comisión bilateral, se han alcanzado consensos en cerca de una treintena de artículos.
Por último, ha puesto en valor los principios que inspiran la nueva ley de Costas autonómica, concebida para ofrecer al litoral de la Comunitat Valenciana un marco normativo “estable, coherente y ajustado a sus necesidades territoriales, ambientales y socioeconómicas”.
Alegaciones presentadas
En sus alegaciones, la Generalitat reclama que el nuevo Reglamento General de Costas refuerce la seguridad jurídica en los deslindes y evite que un único episodio extraordinario pueda suponer la ampliación automática del dominio público, al tiempo que se mantenga la posibilidad de revisión hacia el mar. Asimismo, considera imprescindible incorporar una gestión integral de los sedimentos en las cuencas hidrográficas como parte de una política coherente de protección del litoral.
Por otro lado, plantea que las concesiones se regulen de forma objetiva y diferenciada, mediante criterios tasados y una definición técnica precisa del concepto de ‘riesgo cierto’. En este sentido, defiende la compatibilidad de usos económicos sostenibles, la adaptación de superficies y distancias conforme a la planificación territorial y el reconocimiento de las concesiones compensatorias como auténticos derechos indemnizatorios, además de mantener el silencio administrativo positivo en las adscripciones a las comunidades autónomas.
Del mismo modo, solicita que el reglamento reconozca expresamente la singularidad de los núcleos urbanos tradicionales de valor etnológico y cultural situados en el litoral, garantizando su conservación y mantenimiento dentro del dominio público marítimo-terrestre. También aboga por preservar las garantías relativas a los paseos marítimos y al planeamiento urbanístico, de manera que se reconozcan como línea de ribera los paseos construidos tras la Ley de 1988 y se mantenga la capacidad del planeamiento para autorizar usos compatibles en edificios ya existentes.
Finalmente, la Generalitat subraya la necesidad de reforzar la cooperación y la lealtad institucional mediante mecanismos reales de debate y consenso con las comunidades autónomas, asegurando su participación efectiva en comisiones bilaterales y sectoriales y la incorporación de sus informes y posicionamientos. Todo ello, con el objetivo de compatibilizar la protección del litoral con el desarrollo económico sostenible, garantizando seguridad jurídica, transparencia administrativa y un equilibrio adecuado entre el interés público y los derechos de los ocupantes.
