La Generalitat, a través de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, ha destinado desde julio de 2024 un total de 2.368.718 euros en la aplicación de bonificaciones para reducir los alquileres de 2.392 familias vulnerables que residen en viviendas del parque público.
La Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), dependiente de la Vicepresidencia Primera y encargada de gestionar las viviendas de la Generalitat, dispone de un sistema de bonificaciones en el alquiler de sus inmuebles. Para su cálculo se tiene en cuenta el importe del arrendamiento, los ingresos y el número de miembros que integran la unidad de convivencia. En muchos casos la bonificación puede alcanzar el 90 % del total del arrendamiento.
En este sentido, la directora general de la EVHA, Estefanía Martínez, ha destacado la importancia de estas políticas de la Generalitat, cuyo objetivo es “asegurar que las familias con menos recursos puedan acceder y mantener una vivienda digna”.
Con ello, “desde la Administración queremos ayudar y proteger a los colectivos más vulnerables para evitar el riesgo de exclusión social que supondría la falta de vivienda”.
El importe de las bonificaciones aplicadas por provincias en el último año, así como el número de beneficiarios, es el siguiente: 1.183.358 euros en la provincia de Valencia (1.217 contratos), 760.228 euros en la de Alicante (816 contratos) y 425.132 euros (359 contratos) en la de Castellón.
Además del sistema general de bonificaciones, las familias numerosas o monoparentales también pueden acceder a la rebaja de su alquiler según los ingresos que perciben.
Campañas informativas
Estefanía Martínez ha explicado que, para dar a conocer todas estas medidas de apoyo a los colectivos más vulnerables, la Conselleria, a través de la EVHA y su Servicio de Mediación Social, “organiza campañas informativas dirigidas a los residentes de las viviendas públicas que incluyen reuniones en las que se explican las medidas implantadas por el Consell para flexibilizar el pago de las rentas de las personas con menos recursos”. A continuación, se programan reuniones individuales para conocer la situación concreta de cada familia, adaptando el alquiler a sus circunstancias socioeconómicas.
En la aplicación de las bonificaciones es fundamental la colaboración de los servicios sociales municipales ya que son estos, mediante informe social, los que acreditan las circunstancias personales que aconsejan la concesión de la ayuda.
