El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga el papel de la Fiscalía en la tramitación de una querella relacionada con las presuntas maniobras contra la jueza Beatriz Biedma y analiza por qué parte de la documentación intercambiada entre la Fiscalía de Badajoz y la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado no figuraba inicialmente entre los documentos remitidos al procedimiento.
La cuestión ha trascendido después del oficio enviado a Pedraz por el fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca, en el que detalla las comunicaciones mantenidas en junio de 2025 con el entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe. El documento forma parte del expediente gubernativo reclamado por el magistrado en el marco de su investigación sobre las presuntas maniobras para perjudicar a la jueza Biedma.
La documentación conocida recoge varios intercambios entre fiscales que no habían quedado reflejados inicialmente en la información disponible para la Audiencia Nacional.
El intercambio de documentación entre Badajoz y Madrid
Según el oficio de Alonso Tejuca, el 19 de junio de 2025 el fiscal Diego Yebra Rovira remitió al fiscal jefe de Badajoz la querella presentada contra Leire Díez y el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada. Ese mismo día también le envió un informe sobre la competencia territorial del procedimiento.
Al día siguiente, Diego Villafañe, entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, remitió a Alonso Tejuca un documento titulado «Querella temeraria Hazte Oír Badajoz», que incluía jurisprudencia relacionada con el procedimiento.
El fiscal jefe trasladó ese documento al fiscal encargado de las diligencias, Diego Yebra, quien posteriormente elaboró un informe ampliado sobre la competencia territorial. Ese informe fue enviado a Alonso Tejuca a las 12:54 horas y, posteriormente, el fiscal jefe lo remitió a Villafañe.
La documentación aportada a Pedraz recoge también que, en otro procedimiento relacionado, la Fiscalía de Badajoz remitió a Villafañe la denuncia y posteriormente un auto de abstención. El expediente incorpora correos electrónicos y algunas capturas de las comunicaciones mantenidas entre los fiscales.
La Fiscalía explica qué documentación conserva
La Fiscalía General del Estado sostiene que las comunicaciones relativas a estos asuntos se realizaron a través del correo corporativo y que no constan notas internas, convocatorias, reuniones, videoconferencias u otros documentos de esa naturaleza.
Respecto a las comunicaciones mantenidas a través de WhatsApp, el fiscal jefe de Badajoz explicó que no podía aportar determinadas capturas porque el teléfono de Villafañe tenía activado un temporizador de mensajes de 24 horas. Por este motivo, parte de esos intercambios no se conserva.
El expediente remitido al juez permite, no obstante, reconstruir parte de la comunicación entre la Fiscalía de Badajoz y la Secretaría Técnica a partir de los correos electrónicos, documentos y registros que sí se han conservado.
La Fiscalía también ha señalado que no existen visados preceptivos del fiscal jefe para los informes de competencia territorial y que determinados registros de llamadas no están disponibles.
El origen de la investigación
Los hechos se remontan a junio de 2025, cuando Hazte Oír presentó una querella contra Leire Díez y Luis José Sáenz de Tejada por diferentes presuntos delitos relacionados con las actuaciones que la asociación atribuía a ambos.
La querella estaba vinculada a la jueza Beatriz Biedma, que instruía entonces en Badajoz el procedimiento contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
El juez Pedraz investiga actualmente las presuntas maniobras dirigidas contra la magistrada y el posible papel desempeñado por diferentes personas en esas actuaciones. Biedma ha sido admitida como perjudicada en la causa y está citada a declarar ante la Audiencia Nacional el próximo 8 de octubre.
La magistrada sostiene que las actuaciones investigadas estuvieron dirigidas, entre otros objetivos, a desacreditarla, promover actuaciones contra ella y apartarla de procedimientos judiciales. Estas afirmaciones forman parte de su posición como perjudicada y deberán ser analizadas en el marco de la investigación judicial.
Pedraz analiza ahora las comunicaciones
El juez de la Audiencia Nacional deberá determinar el alcance de las comunicaciones mantenidas entre la Fiscalía Provincial de Badajoz y la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, así como qué documentación fue generada, intercambiada y posteriormente incorporada al expediente.
Entre los documentos que constan en las actuaciones se encuentra el escrito de Alonso Tejuca de 7 de septiembre de 2026, en el que el fiscal jefe reconstruye las comunicaciones mantenidas durante la tramitación de la querella.
Por tanto, lo que está bajo análisis judicial no es únicamente la existencia de esos documentos, sino también el modo en que se gestionó la querella y la documentación que fue trasladada posteriormente al juez instructor.
La investigación deberá determinar si la ausencia inicial de parte de esa documentación respondió a una cuestión administrativa o documental o si existió alguna actuación adicional que explique por qué esos intercambios no aparecieron inicialmente en la información remitida a la Audiencia Nacional.









