La decisión del Congreso de los Diputados de retirar definitivamente la acreditación de prensa a Vito Quiles ha vuelto a situar en el centro del debate la relación entre las instituciones y los periodistas que cubren su actividad. La Mesa de la Cámara acordó este martes, 22 de septiembre, revocar su credencial después de varios expedientes sancionadores.
La medida significa que Quiles ya no podrá desarrollar su actividad como periodista acreditado dentro de las instalaciones del Congreso. Sin embargo, no supone una prohibición general para ejercer el periodismo fuera de la Cámara ni determina por sí misma que deje de ser periodista.
La decisión llega después de tres nuevos expedientes por infracciones cometidas durante el pasado mes de marzo. Según fuentes parlamentarias, los procedimientos están relacionados con interrupciones durante ruedas de prensa y con la grabación y difusión en internet de imágenes obtenidas en zonas del Congreso donde no estaba permitido hacerlo.
Una sanción que va más allá de una suspensión temporal
La retirada definitiva supone el paso más severo dentro del régimen sancionador aplicado por el Congreso a los periodistas acreditados. Quiles ya había sufrido anteriormente suspensiones temporales de su acreditación.
En mayo, la Mesa acordó suspender cautelarmente su credencial mientras se tramitaban varios expedientes abiertos por actuaciones realizadas en la Cámara. Posteriormente se produjeron nuevas sanciones temporales, entre ellas una retirada durante tres meses y otra durante un mes.
La decisión adoptada ahora se fundamenta en la reiteración. Las fuentes parlamentarias sostienen que las nuevas infracciones, consideradas inicialmente graves, pasan a tener la consideración de muy graves debido a las sanciones anteriores. Esta circunstancia permite aplicar la retirada definitiva de la acreditación.
El PP se abstuvo en la votación de la Mesa, mientras que la decisión salió adelante con la mayoría de PSOE y Sumar.
El debate sobre la libertad de prensa
Más allá de los expedientes concretos, el caso de Vito Quiles plantea una cuestión de fondo: hasta dónde puede llegar una institución a la hora de regular el comportamiento de los periodistas que acceden a sus instalaciones.
El Congreso defiende que las normas son necesarias para garantizar el funcionamiento de las ruedas de prensa, proteger la actividad parlamentaria y ordenar el trabajo de los profesionales acreditados. La normativa permite sancionar determinadas conductas y contempla la revocación de la acreditación en los casos más graves y reiterados.
Pero la aplicación de estas normas también ha generado debate entre quienes consideran que una sanción que impide de manera definitiva el acceso de un periodista a la Cámara debe analizarse con especial cautela cuando afecta a la libertad de información.
La cuestión adquiere mayor relevancia cuando el periodista sancionado mantiene una línea editorial especialmente crítica con los partidos y representantes políticos. En este contexto, la retirada de la acreditación no solo afecta a Quiles, sino que plantea preguntas sobre cómo deben establecerse los límites entre el derecho de los periodistas a preguntar, investigar y cuestionar a los representantes públicos y las reglas necesarias para garantizar el funcionamiento de una institución parlamentaria.
Vito Quiles, una figura incómoda dentro del Congreso
La trayectoria de Quiles en el Congreso ha estado marcada por sus preguntas y enfrentamientos con distintos representantes políticos, así como por su particular forma de cubrir la actualidad parlamentaria.
Sus intervenciones han generado críticas entre otros periodistas y grupos parlamentarios. En 2025, profesionales de la información parlamentaria protagonizaron una concentración bajo el lema ‘Señalar no es periodismo’, en referencia a actuaciones que consideraban incompatibles con el ejercicio profesional de la prensa.
Al mismo tiempo, el caso también ha convertido a Quiles en uno de los periodistas que con mayor frecuencia protagonizan debates sobre los límites de la prensa política y la relación entre los medios y los representantes públicos.
Su forma de realizar preguntas, buscar declaraciones y difundir posteriormente los contenidos en redes sociales ha generado tanto críticas como respaldo entre distintos sectores de la audiencia.
Una decisión que seguirá generando debate
La salida de Quiles de la prensa acreditada del Congreso cierra, al menos por ahora, una sucesión de expedientes y sanciones que se ha prolongado durante meses.
El Congreso considera que la reiteración de infracciones justifica la máxima sanción prevista para estos casos. Quiles, por su parte, queda fuera del sistema de acreditaciones que permite a los periodistas desarrollar su trabajo desde el interior de la Cámara.
El debate, sin embargo, va más allá de una persona concreta. La cuestión que queda sobre la mesa es cómo encontrar el equilibrio entre el respeto a las normas de una institución y el derecho de los periodistas a ejercer una labor crítica e incómoda frente al poder.
Porque una prensa parlamentaria útil no tiene por qué ser complaciente con los políticos. Y precisamente por eso, cualquier límite impuesto al trabajo de los periodistas dentro de las instituciones democráticas exige reglas claras, aplicación proporcionada y garantías suficientes para evitar que el control de las normas pueda convertirse en un mecanismo para silenciar voces incómodas.
