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El «Govern de les persones» les ofrece contratar una línea de crédito con el Instituto de crédito oficial para suplir la falta de pagos.
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Esta póliza tiene un interés, por lo que la Generalitat no sólo no paga si no que hace negocio con las entidades del tercer sector a las que arruina económicamente.
El nuevo sistema de conciertos entre la Conselleria de Igudaldad y Políticas Inclusivas está llevando cada vez más al límite a las asociaciones del tercer sector. La Coordinadora de Recursos de Atencion a Personas con Diversidad Funcional Intelectual de la Comunidad Valenciana. COPAVA ha reclamado en nombre de sus 54 entidades, sin animo de lucro, a la administración pública que regularice los pagos para garantizar que puedan continuar su trabajo.
Además, la renovación de los conciertos plurianuales por parte de Conselleria ha complicado la situación de estos centros. Unos centros que proporcionan a personas con discapacidad ocupación terapéutica y técnicas profesionales para su integración laboral. Así como actividades convivenciales para su integración social. En estos momentos, aseguran que la administración “lleva desde diciembre sin pagar a las entidades. Mientras estas deben pagar al día impuestos, nóminas y facturas de proveedores”.
Pagar interés por no cobrar, la única solución
Hasta ahora, la única solución que ofrecía la Conselleria para paliar sus propios retrasos, era solicitar una línea de crédito al Instituto Valenciano de Finanzas. Es decir, que se debía pagar un interés bancario a una administración de la Generalitat Valenciana para recibir puntualmente el dinero que no pagaba la Conselleria que pertenece también a la propia Generalitat.
Una situación insostenible en 2023
Esta situación en 2023 se ha hecho más grave todavía. Además de mantener ese retraso en el pago, la línea de crédito del IVF no se ha publicado y ahora ni siquiera a cambio de un interés, las entidades pueden adelantar ese dinero para poder pagar puntualmente.
Por otro lado, cada vez son más complejos y burocráticos los requisitos para formar parte del concierto con la Conselleria. Por lo que los gastos que una entidad que atiende a personas con discapacidad son más abultados.
Un laberinto burocrático y un decreto a realizado a espaldas de las entidades.
«Legislar para las personas, pero sin contar con ellas. ¿Govern per a les persones o contra les persones?»
El pasado viernes 10 de marzo se aprobó el el decreto que regula la tipología y funcionamiento de centros, servicios y programas del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales. COPAVA entre otras entidades, realizó aportaciones para la redacción de la ley sin ninguna respuesta por parte de la Conselleria de Igudaldad. No se han respondido a las alegaciones ni argumentado la aceptación o no de las aportaciones hechas, dejando la redacción del texto legal a espaldas de las entidades que trabajan con personas con discapacidad.
La situación se complica todavía más ante la multiplicación de direcciones generales que ha tenido el organismo autonómico. En lugar de concentrar la gestión en un mismo equipo, los ha dividido sin aparente coordinación. Dejando a COPAVA y otras entidades con asuntos sin resolver en tierra de nadie dentro de la Conselleria de Igualdad.
«Ahora cada vez más direcciones generales y altos cargos puestos a dedo con carnet de partido, mientras los problemas de las entidades siguen sin solucionarse».
Parece que gran parte del dinero «se pierde» en este considerable aumento de altos cargos y en el engrosamiento de una administración ineficiente y cada vez más mastodóntica que por otra parte no soluciona los problemas de las entidades y de las personas más vulnerables, a las que cada vez llegan menos recursos a pesar del aumento del presupuesto de la Consellería. Eso sí, cada vez hay más «amiguetes» de partido contratados para «gestionar», vía direcciones generales o altos cargos.
Parece que el partido de Oltra se perdió esas declaraciones que hizo antes de 2015 de que cada conseller con uno o dos asesores tendría bastante. Hasta hace unos meses la nómina de altos cargos del Consell superaba las 340 personas.
Los afectados, las personas más vulnerables
Toda esta situación ha perjudicado notablemente el día a día de las personas con discapacidad. Los profesionales de cada entidad deben dedicar más tiempo a la administración en lugar de a las personas a las que se deben. Se pierden las garantías de calidad al no poder garantizar a la plantilla de empleados un salario digno pagado con puntualidad.
Rams insiste en la gravedad de la situación: “los profesionales de decenas de entidades dan al máximo por las personas con discapacidad y lo último que desean es dejar de atenderlas. Pero la actual situación nos puede abocar en un futuro a no poder garantizar la atención de calidad que las personas usuarias de los centros ocupacionales merecen.”
