El Grupo Parlamentario Popular en Les Corts ha entregado ante la Agencia Antifraude un total de 1.580 facturas del Ayuntamiento de Morella emitidas a empresas del hermano de Ximo Puig desde 2010. El objetivo es que la entidad amplíe la investigación ya iniciada, que ha constatado irregularidades en la contratación de publicidad institucional entre 2020 y 2023. El síndic adjunto del GPP, Salvador Aguilella, y el diputado Jesús Lecha han presentado esta nueva documentación, que incluye facturas emitidas sin contrato previo y localizadas en distintos órganos municipales.
Pagos sin licitación y posible fraccionamiento
Las facturas, correspondientes a Comunicacions dels Ports SA y Mas Mut Produccions SL, ascienden a un importe mínimo de 721.762 euros y fueron abonadas bajo el sistema “sin expediente de contratación”. El PP sostiene que la cifra real podría ser aún mayor una vez Antifraude requiera directamente la documentación al Ayuntamiento. Según apunta la investigación, hasta trece entidades públicas municipales habrían abonado pagos a las empresas de Francis Puig, incluso con posibilidad de fraccionamiento de contratos, un extremo señalado por la propia Agencia Antifraude.
Una práctica reiterada durante años
Jesús Lecha ha subrayado que el Ayuntamiento pagaba un promedio anual de 120 facturas a estas empresas, por unos 55.000 euros, lo que, a su juicio, evidencia una planificación encubierta de servicios que habría requerido un contrato formal inexistente. El diputado denuncia obstáculos y falta de información en el municipio, recordando que en abril de 2023 el PPCV ya entregó 629 facturas sin contrato por más de 400.000 euros, origen de la investigación cuyo informe final ha señalado irregularidades.
Acusaciones políticas y petición de responsabilidades
Lecha afirma que los hechos muestran una red organizada para obtener subvenciones y fondos públicos tanto en el Ayuntamiento de Morella, durante la etapa de Ximo Puig como alcalde, como en sus años al frente de la Generalitat. Recuerda, además, que la Fiscalía solicita cuatro años de prisión para Francis Puig por presunta falsedad documental y estafa en ayudas públicas. El diputado concluye reclamando responsabilidades políticas y la devolución de las cantidades que considera indebidamente percibidas.
