La batalla judicial por la amnistía del procés acaba de abrir un nuevo frente. Hazte Oír ha presentado este miércoles una denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra Cándido Conde-Pumpido y otros seis magistrados del Tribunal Constitucional que respaldaron la sentencia sobre el recurso de Dolors Bassa.
La asociación sostiene que la decisión pudo ser constitutiva de prevaricación judicial y, alternativamente, de usurpación de atribuciones judiciales, al considerar que el Constitucional habría ido más allá de sus funciones al ordenar al Supremo aplicar la amnistía a la malversación.
La acusación central: el TC habría impuesto al Supremo el resultado
El núcleo de la denuncia está en una cuestión concreta: Hazte Oír considera que el Constitucional no se habría limitado a determinar si existió una vulneración de derechos fundamentales, sino que habría condicionado directamente la decisión que debe adoptar el Supremo.
La asociación pone el foco especialmente en el mandato incluido en la sentencia sobre Bassa, que ordena al Supremo dictar una nueva resolución «en la que se declare amnistiado el delito de malversación».
A juicio de Hazte Oír, ahí estaría el posible exceso de jurisdicción: en lugar de limitarse a restablecer los derechos que considerase vulnerados, el Constitucional habría terminado fijando el resultado material que debe adoptar el tribunal encargado de resolver la causa penal.
Para sustentar su denuncia, la organización invoca los límites establecidos en los artículos 44.1.b y 54 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Cinco magistrados ya denunciaron una «suplantación» del Supremo
La denuncia llega después de un durísimo voto particular firmado por los cinco magistrados que se opusieron a la sentencia: Concepción Espejel, Enrique Arnaldo, José María Macías, César Tolosa y Ricardo Enríquez.
Los discrepantes hablaron de una «más que preocupante (y reiterada) suplantación del rol funcional que corresponde al Tribunal Supremo» y de un «exceso de la jurisdicción constitucional».
Su crítica coincide precisamente con el argumento central de Hazte Oír: la asociación considera que el Constitucional pudo haber traspasado la frontera entre controlar la constitucionalidad de una resolución y sustituir al Supremo en la interpretación y aplicación de la legislación penal ordinaria.
Los cinco magistrados también cuestionaron que el Constitucional pueda imponer al Supremo una determinada solución en lugar de permitir que sea la jurisdicción ordinaria la que vuelva a resolver.
Puigdemont, el gran beneficiado de la decisión
La controversia tiene una consecuencia directa sobre Carles Puigdemont.
Después de la sentencia del Constitucional, el juez del Supremo Pablo Llarena dejó sin efecto las órdenes nacionales de busca, captura y detención contra Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig.
Eso no significa que Puigdemont haya sido formalmente amnistiado. El propio Llarena dejó claro que el levantamiento de las órdenes no extingue la responsabilidad penal ni resuelve definitivamente las cuestiones pendientes.
Pero el escenario ha cambiado radicalmente: Puigdemont queda más cerca de poder regresar a España sin ser detenido por la causa del procés, siempre que el Supremo termine aplicando la doctrina del Constitucional.
El expresident, por ahora, mantiene que no regresará hasta que la amnistía quede plenamente aplicada y la causa judicial quede resuelta.
La denuncia también tendrá que superar un importante obstáculo jurídico
Hazte Oír solicita que se investigue la actuación de los siete magistrados, pero la denuncia no significa que exista una prevaricación acreditada.
De hecho, el propio Supremo estableció en 2024 un criterio especialmente exigente para apreciar un delito de prevaricación cometido por magistrados del Constitucional: la resolución tendría que ser manifiestamente injusta y resultar insostenible desde cualquier interpretación jurídica razonable.
Será, por tanto, el Supremo quien tenga que determinar si los hechos denunciados presentan indicios suficientes para abrir una investigación.
Un nuevo choque por la amnistía
La denuncia de Hazte Oír introduce así un nuevo elemento en una de las mayores controversias institucionales abiertas por la amnistía.
Por un lado, el Constitucional ha establecido que el Supremo debe aplicar su doctrina a la malversación del procés. Por otro, cinco de sus propios magistrados han advertido de un posible «exceso de la jurisdicción constitucional» y de una «suplantación» del Supremo.
Ahora Hazte Oír pretende que sea precisamente la jurisdicción penal del Supremo la que examine si la actuación de Conde-Pumpido y los otros seis magistrados pudo traspasar los límites legales de sus competencias.
Mientras tanto, la consecuencia política y judicial más inmediata ya está sobre la mesa: la vía para el regreso de Puigdemont a España queda cada vez más despejada, aunque su amnistía todavía no haya sido formalmente aplicada.
