– La portavoz adjunta del GPP, Laura Chuliá, señala que “el anterior Consell sobredimensionó el sector público y, al mismo tiempo, multiplicó la burocracia”
– “El Servicio de Emergencias (SGISE) solo disponía autorización de Hacienda para un máximo de 80 contratos temporales anuales, pero contrató más del doble, 171 personas”
La portavoz adjunta del GPP, Laura Chulià, ha calificado como de “escandaloso” que el Botánico disparara el gasto de personal de las empresas públicas “para contratar personal sin necesidad ni autorización”. Los balances anuales de las cuentas de las empresas públicas y el propio informe del Síndic de Comptes de 2022 revelan que el Consell anterior disparó un 47% el gasto en personal de las empresas del sector público en año preelectoral”.
La diputada popular ha indicado que “alguien debería salir a dar explicaciones ante tanto descontrol en el gasto. No puede ser que en 2022 los gastos y compras no recogidos en el Presupuesto, los conocidos como facturas en los cajones, se incrementaron en 555 millones hasta un total de 1.516 millones, un 58% más que en 2021, y los Expedientes de Resarcimiento por Enriquecimiento Injusto alcanzaran los 1.357 millones de euros”.
“En contraste, el gobierno del cambio de Carlos Mazón cumple con las promesas electorales de reducir la grasa política en la administración autonómica, que había incrementado el gasto de personal hasta un 20% en muchas empresas del sector público”, ha añadido.
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Chuliá ha recordado que “una de las primeras medidas del gobierno de Mazón fue el recorte del número de altos cargos y asesores, con un ahorro de hasta 20 millones de euros para los bolsillos de los valencianos».
Este Consell ha acabado con el equipo de gobierno más caro de la historia. Ahora es el momento de simplificar las empresas públicas porque, igual que no eran necesarios tantos políticos, tampoco lo era un crecimiento del sector público tan desproporcionado y saltándose la legalidad”.
Laura Chuliá ha puesto como ejemplo sintomático lo ocurrido en el Servicio de Emergencias (SGISE) y denunciado por la Sindicatura de Comptes. “Solo disponía autorización de Hacienda para un máximo de 80 contratos temporales anuales, pero contrató más del doble, 171 personas, y se permitió que el personal fuera enlazando contratos temporales de forma continuada”.
La portavoz popular ha explicado que “se trata de dar facilidades a los ciudadanos en sus gestiones con la administración y, a la vez, reducir gastos superfluos. Todo lo contrario que con el Consell de Puig que sobredimensionó el sector público y, al mismo tiempo, multiplicó la burocracia”.
Por último, Laura Chuliá ha señalado que “el Consell de Carlos Mazón refuerza por un lado los derechos de las personas que se relacionan con la Administración y, por otro, busca simplificar las cargas administrativas en el marco de la administración de la Generalitat y su sector público instrumental”.
