Ayer el Consejo General del Poder Judicial dio cifras oficiales de las consecuencias de la implementación el pasado mes de octubre de la ley del sólo sí es sí por parte del Ministerio de Igualdad que preside Irene Montero.
A falta de dos audiencias provinciales y dos Tribunales Superiores, las cifras de rebajas de condenas a agresores sexuales y pederastas es de 943 y 103 excarcelaciones por la aplicación de dicha rebaja.
Recursos de la Fiscalía
El Consejo General del poder Judicial deberá dictaminar además sobre los más de 100 recursos presentados por la Fiscalía General del estado ( dependiente del Gobierno) contra esas decisiones judiciales en aplicación de la nueva ley de Irene Montero del Sólo sí es sí. Poco más de un centenar de revisiones frente a las casi 1.000 rebajas de condenas.
Las víctimas de delitos sexuales nos e sienten más respaldadas ni apoyadas como afirmaba Irene Montero, la titular de igualdad. Al contrario muchas no entienden la creación de una supuesta ley para protegerlas y que rebaje las condenas a sus agresores incluso que haga que muchos de ellos vuelvan a la calle. Una doble victimización de las víctimas que de nuevo se sienten atemorizadas y estupefactas por la nueva ley y sus consecuencias.
Los socios de gobierno no se ponen de acuerdo en su reforma
A pesar de los nefastos efectos para las mujeres, desde el sector de Podemos del Gobierno se niega la realidad y se sigue acusando a los jueces de aplicar la ley «a su antojo», os ea que desde el propio Ministerio de Igualdad parece que se les acusa de un delito a los propios tribunales de Justicia.
El Ministerio de Igualdad ha pasado de negar una realidad que se veía venir y advertida por juristas de sus consecuencias a llamar «fascistas con toga» o «machistas» a los jueces y juezas que aplican la ley emanada de la voluntad del Ministerio de Igualdad que ahora les insulta.
El PSOE trató de enmendar sin éxito la ley, introduciendo en su redacción el espíritu de la misma con un nuevo párrafo, pero al no estar dentro del articulado de la ley no produce efectos jurídicos. una nueva chapuza legislativa para no reformar una ley que los socios de gobierno de Pedro Sánchez se niegan a reformar ni a hacer una pizca de autocrítica por lo sucedido.
¿Cómo va la reforma?
Así, desde el área socialista del gobierno no han tenido más remedio que plantear una nueva reforma en el Congreso de los Diputados. tan sólo seis meses después de la entrada en vigor de la ley. Seis meses que han resultado agónicos para las víctimas de los agresores sexuales condenados por ello.
Ahora el PSOE no ha aceptado como promulgante las enmiendas presentadas por su socio de gobierno de Unidas Podemos y por tanto vuelven a la casilla de salida. Así Sánchez necesitará de los votos del PP para sacar adelante esta reforma legislativa, no sin antes embroncar de paso a sus socios de gobierno.
Por su parte, desde el PP se han ofrecido los votos de sus diputados para «reformar cuanto antes» esta ley calificada de «nefasta» por los propios populares y que no entraría en vigor hasta después de unas semanas. Así, los efectos producidos por la ley de Irene Montero, las casi mil rebajas de condena seguirán rebajadas perjudicando a las víctimas. El sistema jurídico español establece que el reo puede acogerse a la legislación que más le beneficie para el cumplimiento de su condena.
Una chapuza legislativa que ha producido los efectos contrarios a los que supuestamente perseguía y de la que nadie se ha hecho responsable ni ha hecho la mínima reflexión ni autocrítica.
