Una serie de establecimientos de ocio nocturno asociados a la Federación de Hostelería de Valencia (Hostelería Valencia) han presentado sendas reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra el Estado. Por abocar a sus locales al cierre sin, en consecuencia, aportar ninguna compensación.
En total, la petición asciende a 1,5 millones de euros en restitución de los más de nueve meses de inactividad impuesta por las Administraciones y por la situación de abandono a la que estas mismas han abocado a un sector actualmente arruinado.
Responsabilidad patrimonial que se reclama al Estado por 17 empresas y un valor de 1,5 millones de euros
En concreto han sido 17 los establecimientos de la Comunidad Valenciana que se han unido para presentar, a través del Registro Electrónico General de la Administración del Estado, las reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra el Estado Español.
La3, conocida sala en Valencia, entre las que reclaman y que ha cerrado definitivamente sus puertas
Entre las discotecas que han presentado estas reclamaciones, asociados a la Asociación de Discotecas de Valencia, a la Hostelería Valencia y a la patronal estatal SPAIN NIGHTLIFE, se encuentra la conocida discoteca La3, que en las últimas semanas se ha visto obligada a cerrar definitivamente debido a las consecuencias derivadas de las restricciones impuestas. Ante la falta de ayudas y la imposibilidad de resistir la situación, la sala ha clausurado sus puertas definitivamente después de 10 años de historia.
Compra de material higinizante y mobiliario para sólo aperturar unos días en verano
Todos los reclamantes han tomado esta medida obligados por la situación límite. Cabe recordar que el ocio nocturno se cerró en su totalidad el pasado 14 de marzo con el estado de alarma. A pesar de reabrir en junio, se vio de nuevo obligado a cerrar el 17 de agosto. No ha sido hasta el pasado10 de diciembre que se habilitó su apertura en formato restauración.
Una solución que, por otro lado, es inviable económicamente para muchas de estas empresas, que acumulan pérdidas millonarias. Cabe recordar que la apertura durante los días de verano estuvo sujeta a limitaciones estrictas que obligaban a invertir en compra de mobiliario y suministros higiénicos que, finalmente, no sirvieron para nada.
9 meses sin ayudas
A pesar de haber estado más de nueve meses con los negocios cerrados o soportando restricciones desproporcionadas y arbitrarias, estas empresas no han recibido ningún plan de ayudas.
Inexplicablemente se han visto obligadas a seguir pagando impuestos, una parte de cotizaciones a la Seguridad Social y los alquileres mensuales, provocando todo ello el estrangulamiento financiero de las mismas y haciéndolas inviables. Tal y como explica Joaquim Boadas, secretario general de Spain Nightlife, “este abandono total de las empresas de ocio nocturno y de la hostelería en general es una irresponsabilidad total del gobierno. Por este motivo y por muchos otros que explicamos en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial es por lo que hemos decidido reclamar contra la administración. A la cuál señalamos como responsable último de todas las pérdidas sufridas y de sus consecuencias. La cual deberá responder del lucro cesante, daño emergente y daño moral cuantificado y acreditado en las reclamaciones”.
Incremento de los concursos de acreedores y de las insolvencias
Toda esta debacle ha derivado en un incremento exponencial del número de concursos de acreedores presentados durante los últimos meses, aunque muchos de ellos todavía no lo han presentado pese a encontrarse en situación de insolvencia. Por cuanto el Gobierno Central recientemente aprobó una moratoria para su presentación hasta el día 14 de marzo de 2021, lo que a criterio de Manuel Espinar, presidente de la Federación de Hostelería de Valencia (FEHV) y de la Confederación de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana (CONHOSTUR), “es una medida tan solo de cara a la galería que únicamente servirá para retrasar la muerte de las empresas, alargando su agonía. Pues lo que debería de haber hecho el Gobierno es aprobar ayudas económicas directas y suspender el pago de tributos, cotizaciones a la Seguridad Social y el 100% de los alquileres. El resto de medidas no sirven para nada sin medidas eficientes”.
Por todos estos motivos, las empresas de ocio nocturno reclamantes consideran que la administración debe de compensarles económicamente por el tiempo que han estado cerrados. En el caso de las que se han visto obligadas a cerrar definitivamente, por las consecuencias derivadas del mismo.
Se espera un aluvión de reclamaciones al Gobierno
Estas 17 reclamaciones, que en los próximos días se convertirán en muchas más y que se ampliarán a las respectivas Comunidades Autónomas, se han canalizado a través del convenio firmado en su día entre la patronal nacional de ocio nocturno SPAIN NIGHTLIFE, y la Plataforma de Empresarios Afectados por el Covid19 (PEACovid-19), plataforma que representa a autónomos, pymes y grandes empresas de toda España y a la que se han sumado empresas de diferentes sectores como hostelería, taxis, comercio, cultura, entre otros.
José Luis Benítez, presidente de SPAIN NIGHTLIFE y portavoz de la Asociación Ocio de Ibiza se ha mostrado abierto a dialogar con la Administración. Ha defendido que lo primero es la salud de las personas pero ha recordado a la Administración que «sin economía no hay salud. Si las empresas cierran debido a la falta de ayudas, cuando los trabajadores se quieran reincoporar de los ERTES, ya no lo podrán hacer porque las empresas habrán desaparecido lo cual provocará un daño irreversible a la oferta turística de nuestro país»
También tienen prevista en caso de no prosperar esta reclamación judicial pesentar cientos de contenciosos-administrativos ante el Tribunal Supremo
En caso de no prosperar las reclamaciones previas interpuestas, se procederá a presentar el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, ya sea contra la desestimación presunta o bien contra la resolución expresa que en su caso recayera.
