VOX ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra la presidente del Gobierno de Navarra, María Chivite; el exsecretario de Organización y exdiputado del PSOE, Santos Cerdán; y el exchófer de José Luis Ábalos, Koldo García, por los delitos de cohecho (arts. 419 y 424.1 y 3 del Código Penal); tráfico de influencias (art. 429 del Código Penal); y organización criminal. Todo ello después de que se conociera el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO), -en el marco del conocido como ‘caso Koldo’ que sigue Sala Segunda de lo Penal del Alto Tribunal- que destapaba una serie de amaños en las contrataciones públicas en Navarra.
La formación ha dirigido la querella también contra Fernando Agustín Merino, exdirector del departamento de Navarra de Acciona; Pedro López Vera, director general de Obras Públicas; Jesús Polo Soria, presidente de la Mesa de contratación; y los funcionarios, por el momento desconocidos, que hayan participado en la licitación y adjudicación de los contratos objeto de la querella.
El escrito, que ha dirigido la coordinadora Nacional Jurídico de VOX, Marta Castro, se centra en la concesión administrativa y obra de la Mina Muga (Sangüesa); la adecuación de los lotes 4 y 5 del Pabellón Navarra Arena (Pamplona); la concesión de contrato de derribos y adecuación en la Plaza de los Fueros en Milagro; y otros contratos que se habrían visto inflados en precio para asegurar las comisiones ilegales.
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Destaca la formación en su querella que Chivite, como presidente de Navarra, es la responsable última, orgánicamente, de las licitaciones y adjudicaciones.
Cerdán -titular del 45% de las participaciones de Servinabar, empresa que formaba parte de las UTEs con Acciona, siendo adjudicatarias de obras públicas en Navarra- era el enlace entre el Gobierno de Navarra y los comisionistas y las empresas adjudicatarias, «utilizando su posición prevalente en el PSOE y en el Gobierno actual».
En definitiva, existía un sistema de retribución perfectamente estudiado, repartiéndose las comisiones ilegales. Argumenta la formación, además, que en las conversaciones grabadas y recogidas por la UCO se describen pagos mensuales a Koldo García por parte de empresarios a cambio de asegurar la influencia en adjudicaciones de contratos públicos. Y es que Koldo García desempeñaba un papel central, pues tenía funciones operativas, logísticos, de enlace político y de aseguramiento de influencia en los estadios políticos. «Es la figura de enlace entre políticos y empresarios, siendo especialmente enlace entre José Luis Ábalos y los empresarios de las constructoras implicadas», apunta la querella de VOX.
En cuanto a las diligencias a practicar, Castro ha solicitado la declaración de los querellados en condición de investigados, así como que se ofrezca la declaración voluntaria a Chivite; declaración en condición de testigo a Joseba Antxón Alonso Egurrola y Lorenzo Serena Puig.
Pide, además, que se libre requerimiento al Gobierno de Navarra para que de que aporte los expedientes completos de licitación y adjudicación de los contratos referidos en la querella.
También se ha solicitado que se oficie a la UCO para que averigüe y detalle los funcionarios públicos que intervienen en los expedientes referidos en el escrito e incorpore los documentos que acredite su intervención en los mismos, analizando sus resultados. Y, por último, que realice la comprobación patrimonial de las personas querelladas, sus cónyuges y familiares; y la participación de las mismas en sociedades de capital, acordando habilitarles para obtener información de registros, bancos y cuantas entidades consideren oportunas para tal finalidad.
