– La Proposición de Ley pretende derogar parte de la Ley 7/2021 sobre cambio climático y soberanía energética
El Grupo Parlamentario VOX en las Cortes Valencianas ha registrado una Proposición de Ley para incluir el concepto de soberanía energética y revertir la prohibición de explotar los recursos propios, minerales y energéticos, de España. Para ello, esta iniciativa pretende derogar parte de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.
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En la iniciativa se explica que “la energía es un elemento fundamental y estratégico para la industria, el empleo, el bienestar de los españoles y la prosperidad de la Nación”.
Y más allá de esto, la propuesta de VOX dice que el desarrollo económico y la prosperidad material necesitan de fuentes de energía accesibles, más baratas, más fiables y abundantes para incrementar la capacidad de producir bienes y realizar actividades a un coste cada vez menor, así como su justa distribución.
Esta iniciativa, que se ha presentado en todos los parlamentos autonómicos, pretende eliminar algunos artículos de la ley estatal sobre cambio climático y modificar otros con el fin de “que los principios rectores de la Ley climática sean los españoles como único centro de la política energética, la preservación del medio natural y la diversidad biológica, la protección del sector primario y el fomento de la industria nacional”.
También se solicitan algunos cambios en el articulado para asegurar el bien de España y los españoles. Por un lado, el objetivo de reducción de gases y emisiones “se acomode a la necesidad de asegurar la soberanía energética de España y de proteger los intereses nacionales, incentivando modelos menos emisores”. Y por otro, que la trascendencia en relación con el clima y al medio natural deberá ser apreciada con criterios racionales y científicos, y con arreglo a principios del bien común, soberanía nacional y protección de la economía.
Asimismo, VOX ha denunciado que en España se implanten nuevos impuestos y se creen figuras como los derechos de emisiones o las tasas verdes, que, junto con otras numerosas trabas burocráticas, encarecen de forma ficticia el precio final de la energía. “Hoy es indudable que este sobreprecio lo terminan sufriendo empresas y, especialmente, consumidores, que soportan los costes de la transición sin recibir explicaciones ni sobre sus posibles beneficios ni sobre sus seguros sacrificios”, aseguran en la iniciativa.
