La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha mostrado hoy su “firme rechazo” a continuar desarrollando un real decreto ley que «impone a las comunidades autónomas un reparto obligatorio de menores no acompañados», con el que el Gobierno de España “busca responsabilizar a las comunidades de su ineptitud en materia migratoria con un reparto sin medios, sin prestar atención a las necesidades de los jóvenes y utilizándolos como si fueran mercancía, sin ser capaz de solucionar la crisis humanitaria provocada por la falta de política migratoria”.
Así lo ha manifestado Camarero durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde ha mantenido que habiendo presentado once de las comunidades autónomas recursos de inconstitucionalidad a la norma por invadir sus competencias en materia de protección de menores, «el Gobierno no puede seguir dando la espalda a las autonomías».
Presión migratoria creciente
Además, ha denunciado la “falta de diálogo, la manipulación en los datos expuestos por parte del Ministerio de Juventud e Infancia, y la ausencia de financiación adecuada para hacer frente a una presión migratoria creciente, que ya está desbordando el sistema autonómico de protección de menores”.
Durante su exposición, la consellera ha recordado que la Comunitat Valenciana es territorio receptor de inmigración. “Solo en la última semana han llegado a nuestras costas cinco pateras con once menores no acompañados, a los que ya se está atendiendo con recursos propios”, ha aseverado.
Asimismo, ha explicado que durante 2024 la Comunitat Valenciana ha atendido a más de 900 menores, lo que ha llevado a que la red de acogida opere de forma permanente al 160 % de su capacidad específica para atender a menores migrantes. “Esto -ha continuado- se produce después de que durante el año pasado hiciéramos un importante esfuerzo aumentando las plazas en un 62 % hasta 317 con un refuerzo presupuestario adicional de más de 9 millones de euros”.
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“La solidaridad no puede decretarse ni imponerse con criterios desequilibrados»
La vicepresidenta ha denunciado que, a pesar de este esfuerzo, el Gobierno central solo ha destinado 1,2 millones de euros a la Comunitat Valenciana, mientras que el coste anual del sistema de protección de menores no acompañados supera ya los 23 millones de euros.
Sin embargo, Camarero ha indicado que “el sistema sigue tensionado y no dispone de más medios, personal, ni plazas disponibles para asumir nuevas responsabilidades impuestas desde el Estado”.
“El Gobierno central intenta imponer criterios sin consenso, utilizando datos incorrectos y confundiendo deliberadamente menores tutelados con no acompañados, o plazas disponibles con niños ya atendidos. Esto demuestra una absoluta falta de rigor y de lealtad institucional”, ha señalado Camarero.
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“Un Gobierno que asfixia económicamente a la Comunitat Valenciana sin darle el FLA que venimos recibiendo los últimos 12 años»
“La solidaridad no puede decretarse ni imponerse con criterios desequilibrados y ajenos a la realidad de cada territorio. Nosotros ya hemos hecho nuestros deberes y somos solidarios, pero lo que no vamos a aceptar es un modelo injusto e ineficaz que utilice a los menores como herramienta de confrontación política”, ha concluido la vicepresidenta de la Generalitat.
Camarero ha criticado “la imposición de este Gobierno, incapaz de frenar la llegada de menores migrantes, muestra no sólo la deslealtad del Gobierno con las comunidades autónomas, sino la incapacidad de trabajar coordinadamente para buscar soluciones eficaces a una crisis migratoria que tiene su origen en la incapacidad del Gobierno central de tener una política migratoria”. “Un Gobierno -ha dicho- más preocupado por tapar sus casos de corrupción que en buscar soluciones realistas a estos problemas”.
Finalmente, ha lamentado que tenemos “un Gobierno que asfixia económicamente a la Comunitat Valenciana sin darle el FLA que venimos recibiendo los últimos 12 años, que no ha dado un solo euro a fondo perdido para hacer frente a la reconstrucción, y que pretende retorcer el sistema de protección de menores hasta hacerlo inviable no aportando ni recursos ni soluciones a la situación de saturación actual, sino tratando de repartir nuevos menores a la Comunitat Valenciana a pesar de saber que el sistema está absolutamente colapsado”.
