La regularización extranjeros impulsada por el Real Decreto 316/2026 sigue generando controversia judicial. La Generalitat ha presentado alegaciones ante el Tribunal Supremo y ha reiterado su petición de suspender cautelarmente la norma que establece un proceso extraordinario para facilitar la residencia y el trabajo de personas en situación irregular o solicitantes de protección internacional.
El movimiento llega después de que el Tribunal Supremo emitiera una providencia a raíz del recurso presentado por el Consell. En ella, el alto tribunal plantea dudas sobre la legalidad del decreto y estudia la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El Supremo analiza la legalidad del decreto
Según las alegaciones presentadas por la Abogacía de la Generalitat, el Real Decreto 316/2026 no constituye una simple reforma técnica del Reglamento de Extranjería, sino una regularización extraordinaria con efectos potenciales sobre cientos de miles de personas.
El Consell sostiene además que la medida podría afectar al conjunto del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia y considera que el Estado actuó sin la coordinación suficiente con la Comisión Europea y el resto de Estados miembros.
La Generalitat pide mantener la suspensión cautelar
La Generalitat defiende que existen dudas sobre la compatibilidad del decreto con diferentes normas europeas relacionadas con el asilo, la migración, el retorno y el espacio Schengen.
Por ello, solicita que el Tribunal Supremo plantee una cuestión prejudicial ante el TJUE y que, mientras se resuelve, acuerde la suspensión cautelar de las disposiciones impugnadas. Según expone, si la norma continúa aplicándose, la medida cautelar perdería su finalidad al haberse agotado ya el plazo de solicitudes.
