El secretario general del PPCV, Carlos Gil, ha mostrado el rechazo del Partido Popular de la Comunitat Valenciana al proceso de regularización masiva de inmigrantes impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez: “No estamos dispuestos a que Sánchez invite y los valencianos paguemos la cuenta”.
Gil ha asegurado que “desde el PPCV lo tenemos claro: no vamos a permitir que los valencianos paguen las consecuencias de una decisión unilateral, irresponsable y sin recursos”, y ha respaldado la decisión de la Generalitat Valenciana de recurrir el decreto. “Es una medida que nace sin memoria económica, sin planificación y sin diálogo con las comunidades autónomas, lo que demuestra una absoluta deslealtad institucional”, ha señalado.
Críticas a la urgencia y falta de planificación
El dirigente popular ha criticado además la rapidez con la que se ha aprobado la norma: “No es serio que el Gobierno apruebe un martes un decreto de este calado para que entre en vigor apenas dos días después, sin evaluar su impacto ni prever los recursos necesarios”.
Gil ha recordado las advertencias de la Comisión Europea, alertando de que las regularizaciones masivas generan un efecto llamada y pueden poner en riesgo la seguridad, la cohesión social y el correcto funcionamiento del espacio Schengen. Unas recomendaciones que el Ejecutivo socialista ha ignorado sistemáticamente.
Apuesta por una inmigración legal y ordenada
“Estamos ante una política que no responde a criterios de responsabilidad, sino a la improvisación de un Gobierno a la deriva”, ha afirmado. Frente a este “caos”, el PPCV “apuesta por una inmigración legal, ordenada, con futuro e integrada en nuestra capacidad real de acogida”, ha destacado el secretario general del partido.
Defensa de la calidad de vida de los valencianos
Por último, Gil ha insistido en “el respeto a la ley, el sentido común y la defensa de la calidad de vida de los valencianos”, y ha advertido de que “la Comunitat Valenciana no será el laboratorio de las ocurrencias de un Gobierno que legisla sin pensar en las consecuencias reales para los ciudadanos”.
