El Partido Popular de Torrent ha respondido a las críticas del PSOE local sobre la campaña informativa puesta en marcha por el Ayuntamiento para explicar la futura tasa de residuos y ha defendido que su implantación responde a una obligación legal establecida por el Gobierno de España a través de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Los populares han señalado que la normativa obliga a todos los ayuntamientos españoles, independientemente del partido político que gobierne, a establecer una tasa específica destinada a cubrir el coste del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos.
Desde el PP consideran que las críticas socialistas buscan trasladar a la ciudadanía la idea de que se trata de una decisión propia del Ayuntamiento de Torrent, cuando, según defienden, la medida afecta a todos los municipios del país.
Una campaña municipal para informar sobre la nueva obligación
El Ayuntamiento de Torrent ha instalado diferentes mupis informativos en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de explicar a los vecinos el origen de la nueva tasa y facilitar información sobre su aplicación.
La campaña incorpora códigos QR que permiten acceder a la página web municipal, donde la ciudadanía puede consultar información sobre:
- El contenido de la normativa estatal.
- Las preguntas frecuentes sobre la tasa.
- Las bonificaciones municipales disponibles.
- Los detalles del nuevo sistema de residuos.
El gobierno local sostiene que esta actuación tiene un carácter exclusivamente informativo y que pretende resolver las dudas de los ciudadanos ante la entrada en vigor de una nueva obligación administrativa.
El PP acusa al PSOE de intentar atribuir al Ayuntamiento una medida estatal
Los populares de Torrent han considerado “llamativo” que el PSOE critique una campaña cuyo objetivo, según explican, es informar sobre una normativa que afecta a todos los municipios españoles.
Desde el PP afirman que los vecinos conocen que esta tasa se está aplicando en otras localidades donde tienen familiares o segundas residencias y donde gobiernan formaciones políticas de diferentes ideologías.
“Los vecinos de Torrent saben perfectamente que esta tasa también se está implantando en el resto de España, donde tienen familiares o segundas residencias y donde gobiernan partidos de todos los colores políticos”, han señalado desde la formación popular.
Reclamación de una moratoria para municipios afectados por la DANA
El Partido Popular también ha recordado que la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, solicitó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una moratoria de tres años para los municipios afectados por la DANA.
Según el PP, esta petición fue trasladada hasta en tres ocasiones mediante carta y también personalmente, aunque aseguran que no recibió respuesta.
Los populares recuerdan además que el Pleno municipal aprobó solicitar dicha moratoria y que el PSOE votó a favor de la petición, por lo que consideran que ahora debería reclamar al Gobierno central la aplicación de esta medida para los municipios afectados.
Críticas al anterior gobierno socialista por el uso de campañas institucionales
El gobierno municipal de Torrent también ha contrapuesto la actual campaña informativa sobre la tasa de residuos con la gestión del anterior ejecutivo socialista durante la campaña electoral de 2023.
Desde el PP han señalado el denominado Plan Ficus como ejemplo de una campaña institucional que, según su valoración, fue utilizada durante el periodo preelectoral para promocionar la acción del anterior gobierno.
Los populares defienden que la actual actuación municipal tiene como finalidad exclusiva explicar a la ciudadanía una obligación normativa y facilitar el acceso a la información.
El Ayuntamiento insiste en la transparencia ante la aplicación de la nueva tasa
El Ejecutivo local de Amparo Folgado sostiene que informar a los ciudadanos sobre la nueva tasa de residuos supone un ejercicio de “responsabilidad institucional”.
El PP de Torrent insiste en que el Ayuntamiento únicamente está aplicando una normativa estatal de obligado cumplimiento para todos los municipios y que la campaña busca garantizar que los vecinos conozcan el motivo de la medida, su funcionamiento y las posibles bonificaciones.
