Andrea Gigante acusa al PSOE de utilizar la justicia en su favor y politizarla mediante la nueva ley
El Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, aprobado por el Consejo de Ministros, plantea que la instrucción de las causas judiciales pase de los jueces a los fiscales, una competencia que desde 1882 estaba reservada a los magistrados. Además, la ley contempla excluir a partidos políticos y sindicatos de la acusación popular.
Según Andrea Gigante, diputada del GPP, este cambio supone un cambio normativo exprés que afecta directamente al equilibrio del sistema judicial.
Andrea Gigante: “Motivación política detrás de la ley”
Gigante ha afirmado que “todos sabemos que esta propuesta está motivada por la delicada situación judicial del entorno del PSOE y algunos de sus dirigentes, en un contexto de presuntas acusaciones de corrupción y tramas en los juzgados”.
La diputada popular asegura que se trata de una injerencia política más por parte del Gobierno, que pretende trasladar la instrucción de los procedimientos penales a un Ministerio Fiscal dependiente del Ejecutivo.
Rechazo de asociaciones judiciales y fiscales
La propuesta del PP no es aislada: asociaciones judiciales y fiscales también han mostrado su rechazo, advirtiendo de que trasladar la instrucción a los fiscales sin garantizar su autonomía no moderniza la justicia, sino que la politiza.
Riesgo de politización del Ministerio Público
Para Gigante, este proyecto supone un nuevo intento de debilitar la independencia del poder judicial, poniendo en riesgo la honorabilidad de los jueces y concentrando en el Ministerio Fiscal dependiente del Gobierno tanto la instrucción como la acusación de los procedimientos penales.
Llamamiento del PP a Les Corts para frenar la reforma
El PP ha solicitado que Les Corts Valencianas muestren su rechazo a esta iniciativa y retiren el proyecto de ley, defendiendo la autonomía judicial y la separación de poderes como principios fundamentales del Estado de derecho.
