La portavoz de Universidades del Grupo Popular en Les Corts, Lola Roch, ha acusado a la ministra del ramo, Diana Morant, de “abandonar a los centros de la Comunitat Valenciana mientras trata de esquivar la corrupción que salpica al PSOE”. La parlamentaria ha valorado así el retraso del Gobierno de Pedro Sánchez en facilitar la financiación que necesitan las Universidades para hacer frente a los gastos derivados de la Ley Orgánica del Sistema Universitario Español (LOSU).
Roch ha anunciado que el GPP registrará de nuevo en Les Corts, para su debate en el próximo período de sesiones, la Proposición No de Ley en la que se exige al Ejecutivo de España que financie de forma íntegra el coste de la LOSU por ser esta “una norma estatal que Sánchez impuso sin prever cómo la pagarían las comunidades autónomas”.
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La portavoz de Universidades del GPP lamenta que el Gobierno no haya consignado aún los fondos destinados a cubrir el coste de la LOSU correspondientes a 2025
La diputada popular ha recordado que las universidades públicas valencianas estimaron en 35 millones de euros el coste de adaptación a la LOSU, una cantidad de la que “el Ministerio de Diana Morant sigue sin garantizar ni la mitad”. “De los 17 millones que debía asumir el Gobierno en 2025 a través del Programa de Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Públicas Españolas (conocido como María Goyri), aún no hemos recibido respuesta”, ha denunciado.
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“Morant está más preocupada por desmarcarse de su número dos en la lista electoral, José Luis Ábalos, que por garantizar la financiación universitaria que ella misma prometió”
“La ministra Morant, que llegó al cargo como protegida de Santos Cerdán y fue cabeza de lista del PSOE por Valencia con José Luis Ábalos de número dos, está más preocupada por desmarcarse del escándalo de corrupción que salpica a su partido que por garantizar la financiación universitaria que ella misma prometió”, ha criticado Roch. “Mientras ella se protege, nuestras universidades cargan solas con los costes de una ley que ni resuelve problemas ni garantiza medios para aplicarla”.
En la iniciativa, el GPP reclama también que el Gobierno destine al menos el 1% del PIB a educación universitaria pública, tal y como recoge la propia LOSU. “Es inaceptable que desde Madrid impongan condiciones laborales, estructuras y compromisos que las universidades deben asumir sin los recursos necesarios. Las universidades han sido leales al cumplir la ley; ahora exigimos que el Gobierno también lo sea y cumpla con su parte”, ha concluido la diputada popular.
