La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha reclamado al Ministerio de Justicia más recursos para los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con el fin de evitar su colapso y garantizar la protección de las víctimas tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025.
Esta norma, que redistribuye competencias judiciales, obliga a estos juzgados a asumir también los casos de violencia sexual, además de los de violencia de género en el ámbito de pareja o expareja.
Martínez ha recordado que, desde la aprobación de la ley, su Conselleria ha solicitado la creación de nuevas plazas de jueces especializados para aliviar la sobrecarga de trabajo en la Comunitat Valenciana.
“El ministro de Justicia aprovechó la semana del 8M para anunciar la creación de nuevas plazas de jueces de violencia sobre la mujer, pero fue un anuncio oportunista y muy por debajo de las necesidades reales trasladadas por los órganos judiciales y colectivos afectados”, ha afirmado la consellera.
Según Martínez, la medida del Gobierno ha sido “ampliamente cuestionada por jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados y procuradores”, quienes advierten de un riesgo de colapso en la tramitación de procedimientos. Además, ha solicitado la paralización de la conversión de la plaza de Instrucción en el partido judicial de Castellón.
Impacto de la nueva LO 1/2025
Con la entrada en vigor de la ley, los juzgados unipersonales se transforman en Tribunales de Instancia, y las secciones de violencia sobre la mujer deberán investigar todos los delitos sexuales contra mujeres, incluso fuera del ámbito de pareja.
La nueva distribución de competencias se aplica desde hoy, 3 de octubre de 2025, lo que genera preocupación en la Generalitat:
“Esperamos que este cambio no suponga el inicio del desmantelamiento de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género ni provoque un colapso judicial”, ha subrayado Martínez.
Según estimaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), este cambio supondrá un incremento medio del 8,04% en el número de asuntos tramitados en la Comunitat Valenciana.
“Una justicia tardía deja de ser justicia”
Martínez ha advertido de que decisiones como esta suponen un perjuicio directo para la ciudadanía, ya que ralentizan los procesos judiciales y afectan especialmente a las víctimas.
“Nos encontramos ante una justicia más lenta, menos cercana y, por tanto, tardía. Y si la justicia es tardía, muchas veces deja de ser justa. Por eso, desde la Conselleria vamos a seguir reclamando recursos económicos, más jueces y más letrados de la Administración de Justicia para descongestionar nuestros juzgados”, ha concluido la consellera.
