La lucha contra la inmigración ilegal en Europa ha sido una de las batallas de los eurodiputados de VOX en Bruselas.
Capitaneados por Jorge Buxadé, los seis representantes de la formación han llevado a cabo más de una veintena de iniciativas para el control de fronteras, especialmente en España, como frontera sur de Europa. También para preservar las tradiciones y la seguridad europea.
Así, VOX aterrizaba de nuevo en Europa con su Manifiesto de Algeciras, 15 medidas, entre las que destacaban: el fortalecimiento de las fronteras, detención y devolución inmediata fin a la institución del arraigo como modo de obtención de permisos de residencia; prohibir las regularizaciones extraordinarias y reformar el sistema de asilo para acabar con los abusos y fraudes.
Ya instalados en Bruselas, en la primera Comisión, Buxadé denunció el pacto entre PP y PSOE para fomentar la invasión inmigratoria, a través del reparto de inmigrantes ilegales que entran en Canarias por el resto de España.
Allí, denunciaba que ni al PArlamento Europeo, ni a la Comisión, ni a Frontex se le otorguen las herramientas inmediatas para defender las únicas fronteras terrestres europeas con África: Ceuta y Melilla. «Es posible adoptar medidas contra las mafias, pero solo se ejecutó 1 de cada 5 órdenes de expulsión», denunciaba.
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Ya en el primer Pleno, Jorge Buxadé, desde la tribuna, propuso poner en marcha diez medidas para limpiar Europa de islamismo.
Para ello, propuso: «Pongamos en marcha el mayor plan de deportación que haya conocido la historia». Antes de ello, había reclamado a los eurodiputados que «pidan perdón y se vayan a casa», además de dejar de «mentir» porque «la inmigración masiva, ilegal e indiscriminada no es ni buena ni (0:16) inevitable, es un crimen y un peligro para la supervivencia de Europa».
También ha insistido VOX en la necesidad de dejar de subvencionar a países con los que no se cierran acuerdos y permiten, además de financiar, la invasión programada. «Si no cierran acuerdos es porque no les da la gana y les va bien la invasión. Frontex no sirve de nada, si no empezamos las deportaciones masivas».
«Es una invasión»
Y en el estreno del nuevo comisario Europeo de Interior, Jorge Buxadé, le expuso el pensamiento de los europeos, coincidiendo, además con la riada de Valencia, en la que el Gobierno español dio la espalda a sus compatriotas. «Un Gobierno que trata mejor a los ilegales que a los valencianos afectados por las riadas es injusto», aseguró. También insistió en el problema de la invasión migratoria, y es que «más de 100.000 inmigrantes ilegales llegados a España en tres años es una invasión». Además, más del 80% se queda «y vive a costa del contribuyente».
En cuanto a la seguridad, Buxadé siempre ha insistido en que llegan «hombres en edad militar» ante la mentira de que son niños.
Hombres que, según datos, cometen crímenes en España : «Delitos sexuales en Vizcaya, provincia del norte de España, la propia fiscalía reconoce que el 64% de los delitos sexuales contra mujeres son de inmigrantes». Así como Cataluña, donde la mayoría de reos es de origen extranjero. Y es que Frontex ha señalado que la inmigración ilegal desde el Sahel está siendo utilizada por las redes del fundamentalismo islámico
VOX, integrado en el Grupo Patriots, ha estado sólo en el Parlamento. Y es que el PP se ha unido a la izquierda y a la izquierda radical en el 90% de las cuestiones que afecta a los europeos.
Pero también en los asuntos relativos a la inmigración. Así, el bipartidismo se opuso a debatir la crisis migratoria en Canarias en la Comisión de Interior propuesto por los Patriotas. Un debate que, tal y como denunció VOX, podría haber servido para reclamar medidas para la protección de nuestras fronteras.
No obstante, Patriots continuó la batalla contra la inmigración ilegal. Así, en diciembre, el grupo patriota presentaba La Declaración de Budapest. Se trataba de un compromiso firme para recuperar la seguridad y la soberanía del continente. La declaración solicitaba abandonar el Pacto de Inmigración y Asilo que se aprobó antes de acudir a las urnas en 2024, de manera inmediata. Incluía, además, una política estricta de retorno, con las presiones que sean necesarias por parte de la Unión Europea hacia los países que no cooperen con los procesos de retorno.
