La Generalitat ha reclamado al Gobierno central una mejora en la financiación de la dependencia, con un modelo estable, suficiente y estructural que garantice la sostenibilidad del sistema en la Comunitat Valenciana.
La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha defendido que la atención a la dependencia no puede basarse en medidas puntuales, sino en una planificación a largo plazo ajustada a las necesidades reales.
Críticas al nuevo decreto estatal
Albalat ha realizado estas declaraciones tras la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales, celebrada después de la aprobación del Real Decreto-ley de medidas extraordinarias para el sistema de dependencia.
Según la consellera, esta norma no supone una reforma real, sino una aportación puntual de recursos para 2026. “Este decreto reparte fondos ahora, pero no garantiza ni el presente ni el futuro del sistema. No hay una estrategia que asegure su viabilidad”, ha señalado.
Reclamación de una reforma estructural
La Generalitat ha mostrado su rechazo a la fórmula utilizada por el Ejecutivo central, basada en una modificación presupuestaria, y considera que cualquier cambio debería incorporarse a la ley de dependencia para evitar incertidumbre entre las comunidades autónomas.
Además, Albalat ha criticado que durante años se haya alegado la falta de presupuestos generales para no aumentar la financiación, mientras que ahora se plantea un incremento sin abordar las necesidades reales del sistema.
Deuda histórica y desigualdad territorial
La consellera ha recordado que el Estado mantiene una deuda histórica superior a los 4.000 millones de euros con la Comunitat Valenciana, derivada de una financiación insuficiente. Según ha explicado, el Gobierno central solo aporta el 20 % del coste, mientras que la Generalitat asume el 80 % restante.
También ha denunciado un agravio comparativo con otras comunidades y ha reclamado un modelo igualitario similar al del País Vasco.
En este contexto, la Generalitat ha solicitado una reunión urgente con el Gobierno para abordar lo que considera una “situación extrema”, destacando la presión financiera que supone para el sistema valenciano, que atiende a más de 190.000 personas dependientes y sus familias.
